El comité de empresa del servicio de grúa del Ayuntamiento de Sevilla ha convocado una protesta este lunes ante el depósito municipal de vehículos y una concentración el jueves en la Plaza Nueva con motivo del pleno ordinario del mes que celebra el Consistorio, en demanda de la renovación del convenio colectivo de empresa.
El servicio está gestionado por una unión temporal de empresas (UTE) encabezada por el Grupo SSG, cuyo presidente, Jaume Aubia i Marimon, fue Director General de Recursos Humanos y Servicios Económicos y Presupuestarios del Ministerio de Sanidad con Aznar, desde 1999 hasta 2004.
Según ha informado Santiago López, portavoz del comité de empresa, liderado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril en el seno del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), para poner fin al conflicto laboral que atravesaba entonces el servicio.
Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada por el Grupo SSG, no había "subrogado las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la Seguridad Social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva".
El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera "transitoria" hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.
La empresa, según el acuerdo, aplicaría esta primera medida en materia de nóminas, incluso de manera retroactiva, con el compromiso de no incorporar a nuevo personal durante este periodo transitorio, a menos que la plantilla actual no pueda afrontar las contingencias del contrato. Pero ahora, según el Sppme, la entidad estaría "incumpliendo" la aplicación del convenio colectivo y tampoco accedería a la renovación del mismo, optando por promover "un nuevo convenio" según sus intereses.