La Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves, en un Pleno extraordinario, su Presupuesto General para 2026, que asciende a 656,4 millones de euros. La institución lo define como el "más expansivo de la última década", con un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior y con un gasto no financiero en el que "uno de cada cuatro euros es nuevo", lo que, según defiende el gobierno provincial, ampliará su capacidad de actuación en la provincia.
El proyecto salió adelante con los votos favorables de PSOE y Con Andalucía, mientras que PP y Vox votaron en contra. La aprobación tiene carácter provisional, un trámite necesario para su exposición pública y para la apertura del periodo de alegaciones antes de su ratificación definitiva.
El presidente de la Diputación, Javier Fernández, subrayó que las cuentas son fruto de un trabajo "técnico y político" y que reflejan "capacidad de diálogo". Afirmó que se trata del mayor presupuesto en la historia de la institución, y destacó que nace "sin deuda, sin recortes y sin subir ninguna figura impositiva", además de no requerir ajustes en la plantilla.
Fernández insistió en que más de la mitad del presupuesto irá a parar a los ayuntamientos mediante transferencias directas o indirectas. A su juicio, los consistorios son "los mejores interlocutores" para la gestión por su conocimiento de las necesidades de cada territorio y de la realidad local de los municipios sevillanos.
Durante su intervención en el Pleno, la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, defendió que el objetivo central del Presupuesto es "asegurar la igualdad de oportunidades" en toda la provincia. Para ello, señaló la creación de empleo local, la mejora de las comunicaciones y la activación económica como ejes de acción, especialmente en zonas amenazadas por la despoblación.
Márquez añadió que las cuentas buscan impulsar una provincia "más justa", reforzando las políticas sociales, la sostenibilidad ambiental, los servicios públicos básicos y la cohesión territorial. Recalcó que la Diputación apuesta por nuevos espacios de oportunidad "social y económica", apoyándose en la autonomía local como motor de transformación del territorio.
Una ejecución principal en 2026
El Presupuesto prevé una ejecución principal en 2026, aunque incluye inversiones ya programadas para 2027 gracias al plan económico-financiero aprobado en abril, que permitió reestructurar fondos para elevar el gasto computable y alcanzar un 92,61% destinado a gasto no financiero. La autonomía municipal se refleja en que la mitad de ese gasto se transfiere a los ayuntamientos, un 36,57% más que en 2025.
En ingresos, destaca el aumento del 9,02% en los recursos no financieros, que ascienden a 47,07 millones y permiten financiar íntegramente las inversiones sin recurrir a préstamos. Las aportaciones del Estado crecen un 13,12% hasta 44,28 millones. En el capítulo de gastos, el funcionamiento interno apenas varía —sube un 2,13% en personal y baja un 0,79% el gasto corriente—, mientras que las inversiones propias y gestionadas por los municipios se aceleran hasta un 84,95%, duplicando las de 2025. El FEAR reducirá su dotación a 26 millones, ajustado a la demanda habitual, con posibilidad de ampliarse mediante remanentes.
Las partidas por programas incluyen 25 millones para el Plan Provincial de Obras y Servicios, 10 millones para la segunda edición del Plan Más Sevilla Turístico, 15 millones para vivienda pública y 3 millones para el desarrollo urbanístico del futuro "Barrio de Quarto". También se destinan 7,88 millones a infraestructuras hidráulicas, 15,47 millones a carreteras, 4 millones para cofinanciación europea, 5,95 millones para entidades sociales, 5,06 millones para patrimonio provincial y 38,45 millones para el Consorcio de Bomberos. Además, el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad contará con 138 millones, junto a programas de bienestar animal, salud ambiental y un amplio apartado cultural y deportivo, además de la consolidación del Observatorio Provincial de la Memoria Democrática.
