La futura sede judicial de Alcalá de Guadaíra marcará un antes y un después en la organización de la Justicia en el municipio de Sevilla. El proyecto ya es una realidad tras la firma del convenio entre el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez. El acuerdo permitirá transformar la antigua comisaría de la Policía Nacional, situada en pleno centro, en un edificio “de última generación” con casi 3.500 metros cuadrados de superficie.
La rehabilitación del inmueble, obra del prestigioso arquitecto Juan Talavera, correrá a cargo del Ayuntamiento, que mantendrá en todo momento la titularidad municipal del edificio. Una vez finalizadas las obras y cedido su uso judicial, la Junta abonará un canon anual durante 30 años, por un importe total de 8,8 millones de euros, lo que supone 295.236 euros al año.
El convenio concreta así la colaboración público-pública anunciada en julio de 2024, con el objetivo de resolver los actuales problemas de espacio, dispersión y accesibilidad que presentan las sedes judiciales del municipio. Actualmente, los servicios se reparten entre el edificio de la Plaza del Duque, propiedad de la Junta, y otro inmueble alquilado en la calle Rafael de los Santos. Con la nueva sede, se pasará de los 2.276 metros cuadrados actuales a un total de 3.480 metros cuadrados, es decir, 1.200 más.
Incorpora nuevos servicios
Además, el edificio estará adaptado al modelo fijado por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia de 2025, que en Alcalá entró en vigor el pasado mes de julio. Contará con espacio para el tribunal de instancia, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y el Registro Civil. Incorporará también servicios inexistentes hasta ahora por falta de espacio, como una sala Gesell para víctimas vulnerables, salas específicas para testigos y víctimas, itinerarios diferenciados y servicios de mediación.
Nieto destacó que esta actuación permitirá incluso “doblar las actuales cuatro unidades judiciales” si fuera necesario. De hecho, la Junta ya ha solicitado al Ministerio la creación de una nueva plaza judicial ante el crecimiento demográfico del municipio, que “podría alcanzar los 100.000 habitantes en los próximos 30 años”.
Por su parte, Ana Isabel Jiménez subrayó que “con este convenio damos respuesta a dos necesidades importantes de la ciudad”. La alcaldesa incidió en que se reunifican órganos ahora dispersos, se gana espacio para un quinto juez y se avanza en la transformación del casco histórico, recuperando un inmueble emblemático que será ampliado con dos solares contiguos ya expropiados.