En Los Palacios y Villafranca, el séptimo municipio por población de toda la provincia de Sevilla (39.000 habitantes) y que arrastra un grave problema de vivienda como tantos otros, se han sorteado hoy 48 casas de dos plantas y tres dormitorios y otras dos, adaptadas en planta baja y con dos dormitorios. El precio de las primeras será de 91.000 euros más IVA y el de las segundas, de 75.000 euros más IVA, una verdadera ganga para como está el mercado inmobiliario actualmente. Los beneficiarios tendrán sus llaves, si todo va bien, en verano del año que viene.
El sorteo de estas viviendas en la pedanía de Chapatales, a poco más de cinco kilómetros del núcleo urbano, ha tenido lugar en el salón de plenos del propio Ayuntamiento que tanto ha luchado en la última década por recuperar no solo esas viviendas, sino también los terrenos del antiguo recinto ferial y 40.000 metros cuadrados más en la pedanía de El Trobal, pues todo ello había terminado en manos de un fondo buitre de Luxemburgo llamado Alkali que se dedica desde hace años a la compra de deuda hipotecaria a bajísimo interés a entidades bancarias y a reclamar a continuación, judicialmente, los impagos tras adquirir los créditos, una operación de pura picaresca contemporánea que, en el caso de Los Palacios y Villafranca, no le ha salido ni mucho menos como esperaba.
En cualquier caso, en el Ayuntamiento palaciego se ha vivido hoy una auténtica fiesta que ha contado con retransmisión en directo y hasta con la presencia de una notaria, María de los Reyes Sánchez Blanco, pues después de tanto esfuerzo jurídico había mucho interés por parte del equipo de gobierno de Juan Manuel Valle (IP-IU) en dar una imagen de total transparencia.
Hasta 551 vecinos han participado en el sorteo, distribuidos en cuatro cupos: dos viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida; cinco viviendas destinadas a personas con situaciones específicas como víctimas de violencia de género, discapacidad, dependientes o emigrantes retornados; otras 33 para jóvenes menores de 35 años y 10, finalmente, en cupo general. Para todo ello se han realizado hasta ocho sorteos, pues se ha distinguido entre solicitantes con prioridad, inscritos en el registro municipal de demandantes de vivienda con al menos seis meses de antigüedad, y el resto de solicitantes.
Cada persona admitida en el proceso disponía de un número asignado aleatoriamente. A partir del número extraído en cada sorteo, se ha establecido un orden de prelación que determinará el llamamiento progresivo de los afortunados adjudicatarios para la comprobación de requisitos y posterior reserva de la ansiada vivienda.
Los técnicos encargados de estas comprobaciones esperan haber terminado el mes que viene. En junio firmarán sus contratos y, a partir de ahí, tendrán que esperar un año para instalarse en sus flamantes viviendas, pues las casas, que presentan actualmente un estado lamentable y que fueron abandonadas en 2011, las terminará la empresa que contrate la Diputación de Sevilla, pues es el ente supramunicipal el que ha terminado interviniendo, después de tres lustros, para que el rescate de estas antiguas VPO haya sido posible. Pero el rescate tiene una historia que ya aparece, según ha informado el propio alcalde palaciego, en el temario de algunos másteres de derecho administrativo impartidos por catedráticos a los que el Ayuntamiento palaciego solicitó asesoramiento en su momento.
David contra Goliat: el Ayuntamiento contra el buitre
El impacto de esta recuperación de 50 viviendas que iban a ser de VPO y que han terminado siendo en estos últimos 15 años un auténtico vertedero a la vista de quienes pasaban por la carretera marismeña del poblado de colonización de Chapatales va más allá del caso concreto, pues la lucha del Ayuntamiento para recuperarlas y resucitarlas es larga de contar.
Todo empezó cuando el actual alcalde de IU ganó, casi por sorpresa pero por una derrota contundente de su adversario, las municipales de 2011 después de un cuarto de siglo en el que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca había estado en manos de sucesivos gobiernos socialistas.
Las 50 viviendas de Chapatales se habían empezado a construir en la legislatura anterior y, de hecho, estaban casi terminadas, pero fueron finalmente abandonadas porque era Idelpa (Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios), una empresa de capital público en un 97% vinculada al propio Ayuntamiento la que las estaba construyendo después de que conseguir que el Consistorio le cediera los terrenos públicos y de que Caixabank se comprometiera a financiar las obras. A la altura de 2011, con el nuevo alcalde recién llegado, las obras ya estaban paralizadas porque la entidad financiera se negó a seguir poniendo dinero ante la evidencia de que Idelpa estaba destinando el dinero de las certificaciones en otras cosas. Idelpa, por otro lado, no tardó en quebrar al entrar en un concurso de acreedores.
En 2018, ya al final de la segunda legislatura de un Juan Manuel Valle con mayoría absoluta, el fondo buitre luxemburgués Alkaly compró los créditos de Caixabank y, con ellos, el derecho sobre esas 50 viviendas que, a aquellas alturas, parecían fantasmagóricas. Fue Alkaly el que contactó con el Ayuntamiento palaciego después de que este aprobara en pleno declarar nula la cláusula que establecía que era el propio Consistorio el que se debía hacer cargo de los préstamos de Idelpa una vez que esta había desaparecido. Lo que perseguía el Ayuntamiento era su derecho de reversión sobre los bienes, pero tuvo que avalarlo el Consejo Consultivo de Andalucía, pues habían pasado los cinco años establecidos por la ley e Idelpa no había construido las viviendas prometidas en el suelo cedido para ello. El caso era similar con los terrenos que se habían cedido en 2004 en el recinto ferial… No es que hubieran pasado ya cinco años, sino tres lustros… De modo que el objetivo del Ayuntamiento era recuperar todos esos terrenos ya en manos del fondo buitre. Alkali, por su parte, reclamó al Ayuntamiento que sobre todos aquellos terrenos había préstamos por un valor de 25 millones de euros (el supuesto precio que el fondo buitre había pagado a Caixabank más el valor de los terrenos en sí). El equipo de gobierno de Valle emprendió desde entonces una lucha como de David contra Goliat poniendo a trabajar a todos sus abogados contra el bufete que Alkaly dispuso desde Madrid.
La lucha judicial duró varios años, hasta que, en el colmo de la resistencia, el Ayuntamiento instó al fondo buitre a seguir peleando en el Tribunal Supremo o en los tribunales europeos, lo cual era una forma de alargar el proceso que conectaba mal con la habitual prisa de uno de estos fondos. Así que los abogados de Alkaly llegaron a un acuerdo final con los abogados municipales de Los Palacios para dejar la cosa en una indemnización de solo 1,2 millones de euros.
Otro acuerdo con Diputación de Sevilla
Como el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca no podía pedir otro préstamo para hacer la obra que queda en esas viviendas y tampoco ha encontrado ninguna constructora dispuesta a terminar la promoción, Valle ha recurrido finalmente al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, para llegar a un acuerdo político por el que el Consistorio palaciego les cede los suelos y la Diputación será la que pida el crédito necesario y termine la obra de una vez por todas. “Le pedí al presidente de la Diputación que, después de tanto esfuerzo por parte del pueblo de Los Palacios para recuperar esas viviendas, que estas tenían que salir con un precio asequible para las familias que optaran a comprarlas”, ha dicho hoy el mandatario local, que ha recordado que un caso “muy parecido al nuestro con esos suelos y esas casas es el que está sufriendo el pueblo de Burguillos, gobernado por el PP, con la diferencia de que nosotros no teníamos embargada la totalidad del patrimonio del pueblo con el fondo buitre y hemos conseguido quitarnos la deuda”.
El alcalde palaciego ha insistido en que estos precios a los que se venderán las viviendas “son muy difíciles de encontrar hoy en toda Sevilla” y ha anunciado la continuidad de su estrategia en materia de vivienda con la construcción de “otras 42 VPO en una parcela junto al Mercadona” ya adjudicada y la puesta en el mercado de solares municipales para autoconstrucción “al precio más bajo que permita la ley”.