La Audiencia Provincial de Sevilla acogerá a partir del próximo 20 de marzo de 2026 un juicio con jurado popular que sentará en el banquillo a un agente de la Guardia Civil acusado de facilitar, presuntamente a cambio de dinero, datos de tráfico de distintos vehículos. La Fiscalía solicita para él un total de siete años de prisión por delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos.
Según el Ministerio Público, ambos acusados mantenían “una relación de amistad desde hace años”. De hecho, el segundo investigado estuvo casado con la hermana del agente hasta 2005. La Fiscalía expone que esa relación hacía que el ciudadano fuera consciente de que el guardia civil, “por razón de su cargo de agente de la autoridad, tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico”. Se trata de sistemas a los que los agentes solo pueden acceder como fuentes de información protegidas y auditadas, exclusivamente para el desempeño de sus funciones, y siempre bajo la advertencia previa de que “está accediendo a una aplicación informática que contiene bienes jurídicos protegidos por la normativa sobre protección de datos”.
El Ministerio Público sostiene que en 2023 el acusado de cohecho activo realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación y necesitaba conocer datos como titulares de vehículos, matriculación o ITV. “Sabiendo” que el agente podía acceder a esa información, le habría pedido los datos a cambio de una remuneración económica.
En el mismo procedimiento será juzgado el ciudadano al que supuestamente se entregaron esos datos, para quien el Ministerio Público reclama cuatro años de cárcel por un delito de cohecho activo. El juicio arrancará el 20 de marzo con la constitución del jurado y la presentación de cuestiones previas. El día 23, en sesiones de mañana y tarde, declararán testigos, peritos y los dos acusados.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita para ambos investigados cuatro años de prisión y una multa de 3.600 euros por el delito de cohecho. En el caso del guardia civil, como presunto autor de cohecho pasivo; en el del otro encausado, como cohecho activo. Además, para el agente pide tres años adicionales de cárcel, inhabilitación absoluta durante seis años y otra multa de 3.600 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El escrito añade que el guardia civil, “siendo consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello”, e incluso recurrió en ocasiones a otros compañeros, que desconocían el fin último de la información, para tratar de ocultar su actuación. Los hechos se sitúan entre el 27 de junio y el 21 de septiembre de 2023. “No consta cuánto dinero recibía por cada información que daba”, concluye la Fiscalía.