La Policía Nacional ha detenido en Arahal (Sevilla) a un empresario investigado en 2024 como presunto colaborador en la causa que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios en operativas vinculadas a Quirón Prevención SL.
Según confirmó EFE a través de fuentes de la investigación, el empresario —identificado como D.H.L.— estaba reclamado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue arrestado en su domicilio por una patrulla de paisano en cumplimiento de una orden de ingreso en prisión para ser trasladado a Madrid y declarar este miércoles en San Fernando de Henares.
La pieza separada y el papel del juzgado de Madrid
La detención está relacionada con la causa que instruye el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que el pasado 27 de junio dictó un auto en el que encargó a la UCO de la Guardia Civil determinar si el producto de varias actividades presuntamente delictivas “se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.
El auto aludía al incremento de ingresos de la empresa Maxwell Cremona —propiedad de González Amador— entre 2020 y 2021, tanto por la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia como por la percepción de “cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente”.
Facturas, operación con material sanitario y defensa del investigado
La documentación apunta a Quirón Prevención SL, que en 2020 obtuvo 1,9 millones por la intermediación en la venta de material sanitario de FCE Select Products a Mape Asesores, cuyo consejo de administración integra el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.
En marzo de 2024 trascendió que la investigación alcanzaba a un empresario del municipio sevillano. El ahora detenido sostuvo entonces que solo presentó tres facturas “completamente legales”, que “no eran falsas” y que sumaban unos 40.000 euros en total. “Son de trabajos reales y puedo probarlo”, defendió, subrayando además que otros dos vecinos señalados “no tienen nada que ver con él”.
El empresario reconoció que realizó trabajos en el hospital Quirón de Sevilla para Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las sociedades investigadas de González Amador. Según su versión, emitió “tres facturas por unos 40.000 euros, cuyo IVA fue de unos 8.000”. Y concluyó: “Esto no es una trama de millones de euros”.