El veterano dirigente político Francisco Menacho forma parte de los 27 integrantes de la Cámara Alta que decidirán el futuro inmediato de Cataluña. "Unos han roto la normalidad democrática y otros debemos reponerla, pero no para sacar rédito político", afirma el socialista.

Desde que accedemos al Senado por la plaza de la Marina, con Cánovas del Castillo en lo más alto oteando el horizonte, hasta que, tras la visita a las dependencias más ilustres del edificio y un almuerzo rápido, el senador Francisco Menacho (Olvera, 1954) concede esta entrevista a lavozdelsur.es, se ha dado por hecho tanto que el president Puigdemont comparecerá este jueves en la Cámara Alta como que no lo hará. El ambiente no es el habitual. Hay más medios que de costumbre y cierta expectación flotando en el ambiente para un Cámara acostumbrada a pintar poco en la política nacional. "No entiendo el desprestigio que tiene, aunque sea cierto que haya que reformarla y que tienda a ser una cámara de representación territorial", sostiene el senador, que a sus 63 años se resiste a considerar al Senado como ese cementerio de elefantes que simboliza en la política nacional. "Cada vez hay políticos más jóvenes aquí", asegura, tras departir a las puertas de la cafetería con Ramón Espinar, senador madrileño de Unidos Podemos. "Ya se ha hecho de derechas otra vez", le espeta con sorna el dirigente a propósito del respaldo del PSOE de Pedro Sánchez a las medidas acometidas por el Ejecutivo de Rajoy ante el desafío secesionista catalán. 

Finalmente, ya en el despacho del dirigente político gaditano, a unos metros del que tiene el expresident José Montilla, en la tercera planta del edificio anexo donde reside el grupo socialista, salta la alarma de la app de la SER. Puigdemont renuncia a acudir al Senado, lee en voz alta el veterano político. Menacho, curtido en el ruedo político desde que ingresará en las filas socialistas en 1985, forma parte, junto a otros 26 senadores —cinco de ellos del PSOE—, de la llamada comisión del 155 del Senado. Es la que debe poner en marcha las medidas respecto a Cataluña aprobadas por el Gobierno al amparo del artículo de la Constitución que, en la práctica, aprueba el cese del Govern, la limitación de la actividad del Parlament y la intervención de la Administración de la Generalitat.

Juegue a visionario. ¿Qué va a pasar con el 155?

Primero hay que explicar bien de qué hablamos cuando se habla del artículo 155 porque los ciudadanos pueden estar hechos un lío. Y es que puede parecer que es un artículo del Código Penal, pero es un artículo más de la Constitución española que está para salvaguardar, precisamente, a la propia Constitución de las administraciones que la incumplan. Creo que aquí ha entrado el Govern catalán en una fase irracional. Ya hay sentencia del Tribunal Constitucional y no tiene sentido seguir adelante con una independencia unilateral, eso no lo entiende nadie. Ahora mismo los únicos territorios que pueden declarar esa independencia son los de países con una dictadura, pero estamos en un sistema democrático con unas leyes que debemos respetar todos. ¿Qué va a pasar? El Gobierno, y nosotros lo hemos apoyado en estas medidas, ha intentado por todos los medios que se restituya la legalidad, ha dicho varias veces que no se declare esa independencia, pero por lo visto hasta ahora sin ningún resultado. La última oportunidad que se le ha dado [a Puigdemont] ha sido que asistiera al Senado para que alegara a la aplicación del 155 y que los senadores pudiéramos preguntarle sobre si restituirá la legalidad y convocará elecciones, pero parece ser que tampoco.

"Es un desafío de una parte del Estado al propio Estado. Estamos ante un problema muy grande y es verdad que mediáticamente se lo come todo"

Dice el juez Garzón que el 155 se incluyó en la Constitución para “disuadir”, no para su aplicación real. Llegado el caso, ¿temen que el Gobierno de Rajoy lo aplique a su antojo?

No, no, precisamente el artículo 155 ya usó en el año 89 por parte del Gobierno socialista con Canarias a raíz de la entrada en la Unión Europea, la financiación y la supresión de los aranceles, y ahí se le dijo que diera marcha atrás y lo hizo, por lo que no llegó a aplicarse. Es disuasorio, pero a partir de que Puigdemont no dé marcha atrás entrará en vigor. Eso sí, el Gobierno no va a poder hacer lo que quiera porque se han introducido una serie de cautelas, y así consta en la resolución remitida a Puigdemont, como la creación de esta comisión, a la que el Gobierno debe dar cuenta cada dos meses de las actuaciones que esté haciendo allí. Desde el PSOE vamos a estar expectantes para que no haya ningún desvarío ni ninguna mala utilización de ese artículo, que debe aplicarse exclusivamente para restituir la democracia. Son cuatro objetivos: restituir la legalidad, devolver la convivencia a la región, reforzar la economía contra la sangría que está habiendo ahora en Cataluña, y que los catalanes puedan tener un nuevo gobierno emanado de las urnas, pero dentro del marco constitucional.

Hay quien dice que esto está sirviendo para tapar los problemas sociales del país y la corrupción política.

Mediáticamente, cualquier cosa queda empequeñecida ante este tema porque estamos hablando del problema más grande que tiene España en sus 40 años de democracia reciente. Es un desafío de una parte del Estado al propio Estado, eso no ha ocurrido en ningún país. Estamos ante un problema muy grande y es verdad que mediáticamente se lo come todo. Pero nosotros, en el PSOE, no abandonamos la labor fiscalizadora hacia el Gobierno. Esta semana hemos visto que la Justicia ha vuelto a decir en el juicio del señor Bárcenas que había financiación ilegal del PP con la caja b. Nosotros seguimos haciendo preguntas en el Congreso y en el Senado, no solo sobre temas de corrupción sino también sobre temas económicos, infraestructuras, sanidad, educación… seguimos con el trabajo del día a día, pero a lo mejor mediáticamente la noticia está en la solución que se le dé a Cataluña porque estamos ante la encrucijada más grande de la democracia española en estos últimos 40 años.
Caixabank cree que el fin de la tensión está próximo, pero asegura que el traslado de su sede a Valencia no es temporal. Hasta septiembre ganó 1.488 millones, un dato histórico. ¿A río revuelto ganancia de pescadores?

El tema de las empresas es muy delicado. Decía Oriol Junqueras, que está siempre al lado de Puigdemont, pero no habla y eso que es el responsable económico de la Generalitat, que ninguna empresa se iba a ir, y ya son más de 1.000 empresas las que se han ido. Eso va a tener una repercusión económica fuerte allí y el problema no es de Cataluña, es de unos gobernantes que hacen un mal uso de una institución tan importante como es la Generalitat. Creemos que hay que acabar con todas esas campañas de desprestigio hacia las empresas por ser catalanas porque no es que vaya a haber ganancia, es que lo que va a haber son pérdidas: la sociedad catalana pierde cada día poder económico, pero también influye a nivel nacional porque la economía se ve resentida.

Como gaditano y andaluz, regiones históricamente perjudicadas por los beneficios que siempre ha recibido el Norte frente al Sur por parte del Estado, ¿no le parece un acto de justicia poética intervenir de alguna manera en el futuro inmediato de Cataluña?

Es verdad que ha habido etapas importantes en las que Andalucía se ha visto perjudicada, incluso ahora con el sistema de financiación actual, con el que entre 2009 y 2017 hemos perdido 5.525 millones de euros de financiación de lo que le correspondía según la población que tiene, pero nosotros tenemos un objetivo fundamental ahora y es luchar para que los ciudadanos de España tengan las mismas posibilidades y potencialidades vivan donde vivan. Es verdad que Andalucía está muy mal financiada con este sistema, pero nosotros lo que pedimos como PSOE, que ya la hemos presentado y está aprobada, es crear una comisión para ver la modificación del encaje territorial en la Constitución, que empezará la semana que viene, y luego está pendiente el tema de la financiación. En Andalucía tenemos una cosa muy clara, no vamos a aspirar a ser más que nadie, pero tampoco seremos menos que nadie. No puede ser que porque vivas en Cataluña puedas estudiar o ir a un centro de salud en mejores condiciones. Por tanto, vamos a luchar muy fuerte desde Andalucía, como hicimos el 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero del 78, pidiendo un Estatuto de Autonomía en igualdad con el resto de España. Y ahora trabajaremos para que todo el mundo se sienta a gusto, pero por supuesto sin perjudicar a Andalucía.

"En Andalucía tenemos una cosa muy clara, no vamos a aspirar a ser más que nadie, pero tampoco seremos menos que nadie"

¿Andalucía debe entenderse como nación en ese país plurinacional?

Es que creo que Nación nada más que hay una. Yo creo en la Constitución, está la Nación española y luego habrá otras nacionalidades. Es verdad que la Constitución hay que adaptarla...

¿Es partidario de esa reforma?

Sí, sí, totalmente. Hay que reformarla porque es una Constitución que no han votado una inmensa mayoría de españoles por razones de edad; porque cuando se aprobó no estaban las autonomías consolidadas; porque España no formaba parte de la Unión Europea… Entonces, yo creo que hay que sentarse, sin ningún miedo a nada, y ver entre todos los partidos qué reformas podemos hacer a la Constitución, y ahí está claro que cada partido tendrá que mirar con unos máximos e ir dejando cosas en el camino para que haya un consenso como hubo en el 78. Pero hay que reformarla y adaptarla a la realidad actual.
¿Quién es más responsable de haber llegado a esta situación límite, el PP como fábrica de independentistas que no ha sabido gestionar políticamente la cuestión catalana —como defendía el exministro Piqué hace unos días en una entrevista en El País— o los separatistas que han forzado un posible choque de trenes?

Cuando un fuego ocurre, la responsabilidad no es del bombero que no ha sido capaz, no ha llegado a tiempo o no ha tenido los medios suficientes para apagar el incendio. La responsabilidad máxima es del pirómano y, en este caso, es del Govern catalán que de una forma unilateral ha querido decidir algo que corresponde a todos los españoles, como es la unión territorial de España. Es verdad que aquí ha faltado por parte del PP diálogo durante todos estos años para que esto no llegara, pero, bueno, en este momento el único culpable de lo que está pasando es Puigdemont y su Govern (PdeCat y Esquerra), que son los que han llevado al precipicio en el que estamos. Por mucho que el Gobierno haya dejado de hacer, la responsabilidad debe recaer con quien comete la acción, no con quienes tratamos de remediarla.

Tras la aplicación del 155, ¿unas elecciones en Cataluña podrán resolver todo esto?

Hay seis meses. Una vez que se convoquen hay seis meses para volver a la normalidad. Y serán unas elecciones convocadas conforme a la Loreg, adaptadas a la normalidad. Es que es una sinrazón que un gobierno se instale en la ilegalidad y que vaya en contra de la Constitución y de un tribunal que ha declarado ilegal el referéndum y tiene suspendida la ley de transitoriedad. Lo que hay es que trabajar para convocar unas elecciones normalizadas, no constituyentes, y a partir de que haya un nuevo gobierno dispuesto a ver cómo se reforma la Constitución, qué encaje tiene todo el mundo; y seguro que todos nos sentimos identificados.

"Las banderas que ves son de personas que no son de derecha, sino que quieren que lo que corresponde a la decisión de España, que es su unidad territorial, no la decida un territorio solo"

¿El apoyo al Gobierno de Rajoy pasará factura al PSOE?

Creo que no. Nosotros no apoyamos al Gobierno, sino a las medidas que toma el Gobierno para devolver la legalidad. El PSOE no apoya a Rajoy, sino a la legalidad, a una serie de medidas para devolver la legalidad en este tema concreto. ¿Qué español no apoya que se cumpla la ley? Yo no apoyo a Rajoy en la reforma laboral, en materia de vivienda, en la reforma educativa… pero en este tema concreto, creemos que hay que apoyar estas medidas para no estar fuera de la legalidad. Queremos que se vuelva a restituir lo que se ha roto desde el punto de vista de la Constitución española, y es el Gobierno el que toma las medidas y por eso vamos juntos, pero hoy por hoy el 80% de los españoles están de acuerdo con eso.

Con tanta bandera, ¿le preocupa un auge de la ultraderecha?

He visto banderas tanto en Madrid como en mi pueblo, y en casa de votantes del PSOE. Una cosa que sí me sorprende gratamente es que todas las banderas que veo son constitucionales. Hace varios años, cuando la ultraderecha intentaba mover esa bandera, sacaba la inconstitucional, pero ahora las que ves son de personas que no son de derecha, sino que quieren que lo que corresponde a la decisión de España, que es su unidad territorial, no la decida un territorio solo, por tanto nos identificamos con España, no con el PP ni con la derecha. ¿Que la ultraderecha intente sacar la cabeza? Puede ser, pero tiene poco que hacer porque en manifestaciones como las de Barcelona se ha visto a gente de todos los partidos defendiendo España, no al PP. Si antes la bandera de España se identificaba con la ultraderecha, que portaba la inconstitucional, ahora si alguien la lleva significa que defiende a su país, y eso está cambiando.

¿Dice usted que defender la bandera ya no es de fachas, sino un síntoma de salud democrática?

Totalmente. Antes veías a alguien con una banderita en la muñeca y decías qué facha, pero hoy en día hay personas de todas las ideologías que la llevan como símbolo de defensa de su patria. Eso se ha conseguido orillando a la ultraderecha y defendiendo a la bandera como símbolo de España, no de un partido político. Al revés, creo que hoy en día si en una manifestación sacan una bandera anticonstitucional, se es abucheado, porque nadie quiere que se saque rédito político a este tema. Y el tema es que aquí unos han roto la normalidad democrática y otros debemos reponerla, pero no para sacar rédito político.

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