Un celador conductor del Centro de Salud de Bornos ha recibido amenazas de muerte por parte de una persona que exigía atención inmediata, que también insultó a la médica que debía atenderla. Cuando llegó la Policía, la presunta agresora ya había abandonado las instalaciones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Cádiz ha condenado los hechos y ha vuelto a reclamar medidas para proteger a los profesionales sanitarios ante este tipo de situaciones.

El sindicato considera que los protocolos antiagresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están obsoletos y no resultan eficaces para prevenir o reducir los episodios violentos. Además, ha señalado que el centro de Bornos, como otros muchos de la provincia, carece de personal de seguridad, cuya presencia podría contribuir a disuadir las agresiones verbales y físicas. CSIF ha trasladado su apoyo a los profesionales afectados y ha exigido una actualización de los protocolos, más vigilancia y sanciones más severas para quienes ejerzan violencia contra el personal sanitario.

La agresión se produce mientras la Junta de Andalucía prepara cambios en el Observatorio de agresiones a sanitarios, creado un año antes. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha abierto una consulta pública para modificar su regulación e incorporar de forma estable a representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. También prevé crear estructuras territoriales de apoyo en cada provincia para mejorar la coordinación y adaptar la respuesta a las necesidades detectadas.

La nueva ley

Paralelamente, el consejero Antonio Sanz ha anunciado una ley integral contra las agresiones a profesionales sanitarios, que el Gobierno andaluz pretende llevar al Parlamento antes de que termine el año y aprobar mediante decreto ley. La norma incluirá un régimen sancionador propio, cuya tramitación corresponderá directamente a la Administración autonómica, sin depender del procedimiento penal que pueda desarrollarse. También abordará la reincidencia, los ataques en redes sociales y la protección de los profesionales que teman denunciar.

Sanz ha defendido que los profesionales agredidos deben recibir protección jurídica y apoyo institucional, y ha planteado que sea el agresor quien no pueda volver al centro de salud en lugar de obligar al trabajador a abandonarlo. Entre las medidas previstas figuran la asistencia jurídica directa del SAS y la protección del nombre y la identidad de quienes denuncien. El consejero ha reconocido que, pese al aumento de recursos destinados a seguridad, las medidas actuales siguen siendo insuficientes.

Durante 2025, el sistema sanitario andaluz registró 1.976 agresiones a profesionales, de las que el 80% fueron verbales. Además, los servicios jurídicos del SAS prestaron 195 asistencias letradas a trabajadores agredidos, 33 de ellas relacionadas con delitos de atentado. La unidad Sócrates de la Policía adscrita a la comunidad autónoma ha realizado cerca de 1.000 contactos y entrevistas y más de 300 actuaciones continuadas con vigilantes de seguridad. Mientras se preparan nuevas medidas, CSIF insiste en que ningún profesional que se dedica a cuidar de los demás debe trabajar con miedo.