El circuito de velocidad que se iba a construir en el término municipal de Arcos de la Frontera, que luego mutó a "centro de desarrollo para movilidad sostenible", en la finca Las Hoces, en la Angostura de Bornos, recibe un revés judicial tras anular el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz la autorización ambiental concedida al proyecto.
La sentencia, dictada el 13 de marzo por la magistrada Milagros Villoslada Parra, estima el recurso del Ayuntamiento de Bornos y deja sin efecto tanto la Autorización Ambiental Unificada (AAU) como su posterior ratificación por la Junta de Andalucía.
El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero supone un duro revés para el desarrollo del proyecto en este enclave natural.
Un proyecto similar al circuito ya rechazado
El proyecto promovido por la firma belga Arcos Sun Invest, presentado posteriormente como un "centro de desarrollo para movilidad sostenible", incluía una gran pista de pruebas de vehículos —eléctricos—, elemento que ha sido clave en la decisión judicial. La magistrada considera que existe una “identidad sustancial” con el anterior circuito de velocidad Arcos Lagos, que ya fue rechazado por su impacto paisajístico.
Ambos comparten ubicación, características y encaje legal, lo que lleva al tribunal a concluir que el impacto visual sobre Bornos y su entorno natural se mantiene. La finca se sitúa en un espacio de alto valor como la Angostura de Bornos, un georrecurso reconocido por su interés didáctico y turístico, visible desde numerosos puntos del municipio.
Las medidas ambientales y el agua, en el punto de mira
La sentencia también cuestiona la eficacia de las medidas correctoras planteadas, como las pantallas vegetales para ocultar el impacto del complejo. El propio documento de autorización contemplaba la posibilidad de exigir mejoras adicionales, lo que para la jueza evidencia la incertidumbre sobre su efectividad.
A esto se suma un elemento clave: la falta de garantías en el abastecimiento de agua. El proyecto no contaba con autorización para captar aguas subterráneas en una zona en riesgo, y planteaba el uso de camiones cisterna, lo que generaría nuevos impactos.
La magistrada subraya que el agua es imprescindible para el funcionamiento del complejo y para el mantenimiento de las plantaciones que debían mitigar el impacto paisajístico.
