Sanlúcar será el escenario, el próximo 9 de mayo, de una manifestación contra los vertidos mineros al río Guadalquivir. Los convocantes piden la participación de la ciudadanía de Sanlúcar y de los municipios próximos para denunciar los riesgos que, aseguran, supondrían los vertidos asociados a la reapertura de la mina de Aznalcóllar y a la actividad de la mina de Gerena.
La protesta saldrá a las 12.00 horas desde Bajo de Guía y reunirá, según la convocatoria, a cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes de pueblos ribereños, organizaciones ecologistas y ciudadanía de las poblaciones del estuario del Guadalquivir. El objetivo es exigir medidas antes de que se autoricen o continúen nuevos vertidos que, según alertan, pueden afectar al río, a la salud de sus habitantes y a miles de empleos vinculados al entorno.
Los convocantes sitúan el foco en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que describen como “mucho más grande que antes”, y en la mina de Gerena, ubicada a 10 kilómetros. Según el texto difundido, durante 17 años se extraerán 76 millones de toneladas de mineral de cobre, plomo, cinc y plata, con un impacto que consideran especialmente preocupante para el Guadalquivir.
Desde las entidades convocantes se denuncia que, esta vez, “la balsa de residuos será el propio río Guadalquivir”. Con esa frase resumen el temor central de la movilización: que los vertidos mineros acaben trasladando al cauce y a sus sedimentos sustancias contaminantes persistentes y peligrosas.
La denuncia: vertidos, metales pesados y riesgo para el estuario
La manifestación del 9 de mayo quiere denunciar, en primer lugar, la contaminación que, según los convocantes, los vertidos de la mina de Gerena han provocado ya en el estuario del Guadalquivir como consecuencia de su actividad entre 2009 y 2023.
También se pretende alertar de una contaminación que, según la convocatoria, podría ser “diez veces mayor” si se llevan a cabo los nuevos vertidos ya autorizados de la mina de Aznalcóllar y de la mina de Gerena. Las entidades sostienen que el volumen previsto sería muy superior al de los episodios anteriores.
El texto difundido cita a científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que habrían demostrado que los sedimentos del Bajo Guadalquivir están contaminados con metales pesados por los vertidos ocurridos entre 2009 y 2023.
Según esa misma información, un tercio de los peces de río conocidos como albures o lisas presenta concentraciones de plomo superiores al máximo legal permitido.
Los convocantes advierten de que el vertido de las dos nuevas minas alcanzaría los 120.000 millones de litros y se produciría durante 18 años, a la altura de Sevilla capital. Consideran especialmente grave el vertido previsto durante el primer año y medio de la mina de Aznalcóllar, antes de comenzar la extracción de mineral.
En esa fase inicial, según la convocatoria, se vaciarían las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes. La cifra señalada es de 17.500 millones de litros, a un ritmo de 450 litros por segundo, lo que, según los convocantes, provocaría por sí solo una contaminación “gravísima e irreversible”.
Moratoria y comité científico independiente
A ese primer vertido se sumarían, siempre según el texto de la convocatoria, 100.000 millones de litros más durante los 17 años siguientes de funcionamiento de las dos minas. Aunque el agua sería depurada previamente, los convocantes sostienen que se verterían sustancias altamente tóxicas y persistentes, entre ellas 5.000 k de arsénico, 3.000 k de plomo, 400 k de mercurio y 700 k de cadmio.
Estas sustancias, advierten, se acumulan en los sedimentos y pasan a los seres vivos, donde se bioacumulan y se amplifican. Por eso, las entidades convocantes insisten en que el problema no se limita al momento del vertido, sino que puede tener consecuencias prolongadas en el tiempo. Los científicos citados por la convocatoria denuncian que los estudios de impacto ambiental aceptados como válidos por la Junta de Andalucía habrían sido “un fraude”. Según explican, esos estudios habrían considerado que los metales permanecerían disueltos en el agua del río hasta llegar al océano.
Sin embargo, de acuerdo con la posición recogida por los convocantes, esa premisa sería falsa. Los metales se unirían a las partículas de barro, muy abundantes en el río, y caerían rápidamente al fondo. Allí podrían permanecer durante meses o años hasta que los periodos de lluvias intensas aumentaran el caudal y arrastraran los sedimentos hacia la desembocadura.
La alerta se extiende también a las actividades económicas del entorno. Los convocantes sostienen que miles de puestos de trabajo ligados a la pesca, la agricultura y el turismo pueden verse amenazados, además de la salud de las poblaciones ribereñas y del propio río Guadalquivir.
Por todo ello, los manifestantes reclaman una moratoria a los nuevos vertidos y la constitución de un comité de expertos científicos independientes que realice nuevas investigaciones y evalúe de forma rigurosa los impactos que podrían tener los vertidos. Según los convocantes, estas peticiones no han sido atendidas hasta ahora.
La manifestación está convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción, que llaman a la ciudadanía a acudir el 9 de mayo a Sanlúcar para exigir que se frene lo que consideran un riesgo grave para el estuario.