El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha salido en defensa del alcalde de Villaluenga del Rosario y senador, Alfonso Moscoso, ante lo que considera una “burda cacería personal” por parte del Partido Popular. El dirigente socialista ha acusado al PP de Cádiz de emprender un “intento de linchamiento político” relacionado con el nombramiento de la jueza de paz del municipio, cargo que ha sido motivo de controversia en los últimos días.
"El PP trata de montar un escándalo donde no hay nada turbio ni ningún tipo de interés económico ni de politización de la justicia. Se trata de que en un pequeño municipio de nuestra provincia, que como tanto otros se enfrenta a una pérdida continua de población, no se perdiera un servicio esencial para sus habitantes, el Juzgado de Paz, un cargo que no está dotado de ningún tipo de remuneración económica".
Así, avisa: "Que quede claro que esa persona que ha venido desempeñando el puesto desde 2023 lo ha hecho de manera voluntaria, para prestar el mejor servicio a sus vecinos y vecinas y sin cobrar ni un solo euro. Eso hay que dejarlo bien claro y repetirlo hasta la saciedad, porque el PP es experto en enfangar y tratar de confundir a la opinión pública",
La polémica se desató después de que se revelara que Sánchez Girón era militante del PSOE, condición incompatible con el ejercicio del cargo según la legislación vigente. Sin embargo, ni el TSJA ni ningún ciudadano presentaron alegaciones en el plazo legal tras la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Ruiz Boix ha destacado que la incompatibilidad no fue advertida en ese momento por ninguna institución. "La militancia socialista de Elisa Sánchez Girón, que ejerció incluso un cargo de responsabilidad institucional en Benaocaz, nunca se ha ocultado y la incompatibilidad legal ahora conocida a través de los medios de comunicación nunca fue advertida ni corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", dicen los socialistas en una nota.
"No vamos a permitir lecciones del PP de Cádiz, que en lugar de exigir explicaciones en Villaluenga del Rosario a un alcalde que tiene desde 1999 el apoyo mayoritario de sus vecinos y vecinas, lo que debería hacer es colaborar con la Justicia en las investigaciones que se viene realizando en los Juzgados de Cádiz sobre irregularidades en los contratos del SAS en nuestra provincia por valor de 235 millones de euros".
La renuncia
Una vez conocida la incompatibilidad a través de medios de comunicación, Sánchez Girón presentó su renuncia inmediata al cargo. El secretario general socialista ha asegurado que el PSOE analizará si existen casos similares en otros municipios pequeños de la provincia, Andalucía y otras regiones, con el fin de evitar futuras situaciones similares.
En paralelo, el Partido Popular de Cádiz ha denunciado públicamente el caso, calificándolo de “grave” e insinuando que Alfonso Moscoso conocía la militancia de su pareja y aún así permitió su nombramiento. La diputada nacional Macarena Lorente ha anunciado que su formación estudia presentar una denuncia ante la Fiscalía por presunta prevaricación y ha exigido explicaciones urgentes al PSOE.
El PP también ha solicitado el expediente completo del nombramiento para comprobar si en él constaba la afiliación política de Sánchez Girón, y ha advertido que de no ser así podrían estar ante un posible caso de falsedad documental. Lorente ha añadido que esta situación confirma, a su juicio, una práctica extendida del PSOE de colocar a sus miembros en instituciones vulnerando principios de imparcialidad.
Moscoso, por su parte, ha señalado que en su localidad la plaza de juez de paz es una función pública que busca garantizar servicios esenciales como conciliaciones civiles de baja cuantía o funciones de registro. Ha insistido en que su pareja desconocía la incompatibilidad y actuó movida por el interés de evitar que Villaluenga del Rosario se quedara sin este servicio.
Finalmente, Ruiz Boix ha rechazado las críticas del PP y ha instado a la formación a centrarse en colaborar con la justicia en las investigaciones abiertas sobre presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud en la provincia, por un valor de 235 millones de euros, en lugar de atacar a un alcalde “que cuenta con el apoyo mayoritario de sus vecinos desde 1999”.
