El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la provincia de Cádiz ha alzado la voz ante una situación límite: vehículos policiales inmovilizados por pinchazos sin reparar, comisarías sin aire acondicionado, baños sin jabón y funcionarios obligados a pagar de su bolsillo para cumplir con sus funciones.
La falta de liquidez en las denominadas "cajas pagadoras", agravada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, ha derivado en una situación que el SUP califica de "incomprensible". En Cádiz, más de 30 vehículos están pendientes de reparación por averías mínimas. Un simple pinchazo de 18 euros no puede ser atendido por falta de fondos. La flota de patrullas en Jerez, por ejemplo, estuvo al 50%, como reveló lavozdelsur.es.
La situación es aún más crítica en Algeciras, donde, en plena Operación Paso del Estrecho, se registraron en 2024 más de 2,2 millones de desplazamientos, lo que representa el 74,5% del tráfico de vehículos y el 65,5% del de personas hacia Marruecos. Sin embargo, solo se cubrieron 3 de las 30 plazas ofertadas para reforzar el puesto fronterizo este verano. ¿La razón? Los policías deben asumir de su bolsillo los gastos de alojamiento y manutención. "Es de locos", denuncian desde el SUP. "No han resuelto nada. No han repuesto vacantes. Y nos dejan tirados otra vez". Este miércoles 30 de julio, los agentes se concentrarán en el puerto marítimo de Algeciras para visibilizar la situación.
"No hay justificación"
En este contexto, el SUP también ha cargado contra el ministro del Interior, a quien acusan de ausentarse de la provincia mientras presume públicamente de reforzar la seguridad. "¿Dónde están los millones que dice que destina a Cádiz? Porque aquí, ni para reparar un pinchazo hay dinero”, señalan con ironía y frustración.
La indignación ha llegado al punto de que los funcionarios de limpieza están comprando productos desinfectantes con su propio sueldo. Un nivel de abandono que "no tiene justificación alguna", rematan desde el SUP, que exige una solución urgente y real a este colapso operativo que, en palabras del propio sindicato, pone en riesgo la seguridad ciudadana.