Siete trabajadores de la planta de Acerinox en Palmones se sentarán en el banquillo el próximo 19 de mayo acusados de convocar una huelga ilegal durante el largo conflicto laboral que enfrentó a la plantilla con la dirección de la empresa en 2024. La compañía reclama a los encausados, entre ellos un representante de CGT, hasta 30 millones de euros en concepto de daños, una cifra que los sindicatos califican de "desproporcionada" y "aleccionadora".
El caso ha encendido las alarmas del movimiento sindical andaluz. Organizaciones como CGT consideran que el procedimiento judicial supone un intento de criminalizar el derecho a huelga y generar un precedente de castigo ejemplar. “Nos quieren silenciar por luchar”, denuncian desde CGT, que ha convocado una concentración ese mismo día ante los juzgados de Algeciras, donde se celebrará la vista oral.
La huelga de 2024 en Acerinox fue protagonizada por los llamados “no firmantes”, una parte de la plantilla que rechazó el convenio colectivo aprobado en julio tras semanas de negociaciones. Durante ese proceso, el clima en la factoría de Palmones se tensó hasta el punto de romper la unidad sindical, con diversas organizaciones enfrentadas por su postura ante la propuesta de la empresa.
El conflicto se agravó aún más cuando, en octubre, Acerinox despidió de forma fulminante a un operario al que acusaba de acumulación de sanciones, aunque los sindicatos sostienen que fue una represalia directa por su participación activa en la huelga. Según testimonios recogidos en una asamblea informativa celebrada en la comarca, el trabajador fue escoltado por dos vigilantes de seguridad desde su puesto hasta el vestuario, donde se le ordenó vaciar su taquilla. “Lo trataron como a un delincuente”, denunció José Antonio Gómez Valencia, presidente del sindicato ATA.
Un juicio con derivadas políticas y laborales
El juicio del 19 de mayo ha sido interpretado por buena parte del movimiento sindical como una ofensiva judicial para disuadir futuras movilizaciones. Las cifras reclamadas –hasta 30 millones de euros por parte de Acerinox– superan con creces los baremos habituales en este tipo de procedimientos. “Quieren hacernos pagar por ejercer un derecho constitucional. Defender los derechos laborales no es un delito, es una obligación”, insisten desde CGT.
Por su parte, la empresa ha mantenido silencio institucional en los últimos meses, aunque en su día argumentó que la huelga vulneró la legalidad vigente y causó graves perjuicios económicos. Desde entonces, el ambiente en la planta de Palmones sigue enrarecido, con un número creciente de empleados alertando sobre un “clima de persecución interna” hacia quienes secundaron el paro.
El juicio a los conocidos como “los 7 de Acerinox” se ha convertido ya en un símbolo para numerosos colectivos laborales y sociales que ven en este caso un intento de aplicar un castigo ejemplarizante. Sindicatos, asociaciones de juristas y organizaciones de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del proceso, conscientes de que el fallo podría sentar un precedente relevante para el futuro del derecho a huelga en España.
