El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, anuncia que el próximo lunes 7 se procederá a notificar a la constructora del Parking de Pozos Dulces, Gyocivil, a la promotora, Impulsa Aparca, y al banco depositario, el decreto, firmado el viernes 4 de febrero, que permite incautar el aval exigido en la concesión de la licencia del parking de Pozos Dulces.
De esta forma, asegura el regidor de El Puerto, se da "un paso importante para proceder a la restitución de la cubierta", lo que significa arreglar toda la zona superficial de la obra "para que tenga el aspecto que El Puerto se merece". El próximo paso sería la licitación de esa obra de adecentamiento de la cubierta cuyo proyecto básico, asegura el consistorio, está ya redactado por Urbanismo.
Germán Beardo manifiesta que “es un proceso largo y farragoso pero el único viable y legal para lograr el objetivo que todos perseguimos, que no es otro que devolver a la zona su estado original previo al comienzo del aparcamiento subterráneo que se inició hace seis años y que sigue a día de hoy inacabado, causando un perjuicio incalculable para los ciudadanos y empresarios de El Puerto y dañando sensiblemente la imagen de la ciudad”. En esa línea, señala “desde el equipo de Gobierno se están dando todos los pasos procedentes y obligados para llegar al final que todos deseamos y que cada vez esta más cerca”.
Cabe recordar que el pasado 6 de agosto, una vez acabado el plazo de la tercera licencia concedida y su correspondiente prórroga, se procedió a iniciar el expediente de caducidad de la licencia de Pozos Dulces, por razones de seguridad y por el interés general, tras 6 años de obra iniciada en junio de 2016 y sin que se hubiera ejecutado la misma, manteniéndose esa importante entrada y fachada de la ciudad acotada, impracticable y con mal aspecto.
El pasado 1 de octubre cuando se consiguió resolver dicho expediente de caducidad de licencia, tras exposición pública y contestación de las alegaciones. En paralelo se procedía por parte de los servicios de Urbanismo a la redacción del Proyecto Básico de Restitución lógica de la realidad física alterada y a finales de diciembre del pasado año se iniciaba el procedimiento de incautación del aval que asciende a 487.104,17 euros. Una vez resuelto el decreto de desestimación de las alegaciones del promotor, Impulsa Aparca, es ahora cuando se puede proceder a la incautación de la garantía, previa notificación y con un mes de Recurso de Reposición que se prevé finalice el 15 de marzo aproximadamente.
Igualmente, explican Germán Beardo y la teniente de alcalde de Urbanismo, Danuxia Enciso, se está contratando la redacción del proyecto de ejecución, que se completará con los preceptivos informes sectoriales, aunque ya se cuenta con el de Cultura, que es favorable, para iniciar la redacción de los pliegos para la contratación de la obra para su posterior licitación, adjudicación y firma del contrato con la empresa que finalmente lo ejecute. Enciso explica además que dentro del procedimiento se ofreció al promotor la posibilidad de ejecutar la obra de la superficie, pero la promotora no presentó carta de compromiso sino que presentó alegaciones que fueron desestimadas.
Germán Beardo insiste una vez más en que desde el día que el equipo de Gobierno asumió la alcaldía de El Puerto, solucionar Pozos Dulces era "máxima prioridad" y desde ese mismo día "no se ha parado ni un instante, primero concediendo las sucesivas licencias solicitadas por la promotora y finalmente, cuando la última caducó sin que la obra hubiera avanzado, el pasado 5 de agosto de 2021 tal y como marca la Ley, realizando todos los trámites necesarios para incautar el aval depositado como garantía y poder recuperar esta entrada esencial de El Puerto".
“Se trata de procedimientos administrativos muy garantistas, muy complejos en su tramitación que exigen varias exposiciones públicas para alegaciones y recursos y que tienen una duración excesiva en el tiempo que a veces es difícil de comprender, pero se está haciendo todo lo necesario y de la forma más rápida posible”, señala Beardo. De esa forma, recuerda que esta obligación no es incompatible con la llegada en un futuro de un inversor que tenga capacidad financiera para finalizar el aparcamiento subterráneo. "Este gobierno ha actuado cuando podía hacerlo y de la forma legal en que podía hacerlo”, concluye.
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