La comunidad residente en la zona de Trafalgar ha expresado públicamente su preocupación ante un proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento que contempla la construcción de 2.000 plazas hoteleras y 225 nuevas viviendas. Los habitantes denuncian una situación de abandono institucional y alertan sobre el impacto ambiental que este desarrollo podría acarrear en un entorno que carece actualmente de servicios básicos como agua potable o alcantarillado.
Según relatan los vecinos, muchas de las viviendas existentes han sido construidas por necesidad, sin alternativas habitacionales y al margen de un reconocimiento legal que garantice el acceso a derechos fundamentales. En este contexto, consideran que la apuesta por un modelo de urbanismo intensivo carece de sensibilidad social y representa una amenaza para la sostenibilidad del territorio.
Una de las principales preocupaciones de la comunidad gira en torno al riesgo ecológico que implicaría el desarrollo urbanístico en una zona que aún conserva sistemas de pradera natural costera, considerados entre los pocos que subsisten en el litoral andaluz. Estos ecosistemas, ricos en flora y fauna endémicas, se encuentran, según denuncian, gravemente amenazados y sin protección efectiva, al no haberse presentado estudios de impacto ambiental ni medidas de conservación.
Los vecinos recuerdan que la recientemente aprobada Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea obliga a los Estados miembros a restaurar un mínimo del 20% de los ecosistemas degradados para el año 2030, ampliable al 100% en 2050. Esta normativa introduce objetivos jurídicamente vinculantes dirigidos a la recuperación de hábitats naturales, la mejora de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
Las reivindicaciones vecinales
Frente a este marco legal, la comunidad se pregunta si el proyecto urbanístico en cuestión incluye un análisis sobre la biodiversidad actual del ecosistema amenazado, si contempla medidas compensatorias para la pérdida de hábitat y si se han evaluado las posibles afecciones a espacios protegidos por la Red Natura 2000. También cuestionan si se ha dado traslado del proyecto a las autoridades competentes en materia ambiental, como el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisaría de Aguas correspondiente.
En consecuencia, los vecinos exigen la paralización cautelar del plan hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los derechos humanos de la población residente. Reclaman también el acceso urgente a servicios básicos como agua, energía y saneamiento, así como la realización de un estudio independiente que evalúe el estado de la pradera costera y su biodiversidad.
Además, solicitan que se garantice una participación vecinal efectiva en cualquier proceso de planificación territorial que afecte a la zona y que se establezcan mecanismos de transparencia en toda la tramitación del proyecto urbanístico.
La comunidad afirma que se encuentra organizada e informada, y advierte que no permanecerá en silencio ante lo que considera una amenaza para la vida en el territorio, la naturaleza y el bienestar colectivo.