“Nosotros somos esenciales, tan fundamentales como el médico, porque sin agua no puede lavarse las manos para operar”, dice un operario de mantenimiento del Hospital de Jerez, del que omitiremos su nombre. La situación de estos empleados es delicada, tanto que no quieren señalarse por temor a posibles represalias. Desde que en noviembre de 2017 la Junta de Andalucía sacara a licitación el servicio de los centros sanitarios de la provincia para que lo gestione una empresa externa, temen que sus puestos de trabajo tengan fecha de caducidad. El Gobierno andaluz lo niega tajantemente, pero no terminan de creérselo. Por eso quieren hacer ver a la ciudadanía la importancia de su labor para que la Sanidad siga siendo —o vuelva a ser— la “joya de la corona” de Andalucía.
A espaldas del edificio de Materno Infantil del Hospital de Jerez se encuentra el taller de los empleados de mantenimiento, que muestra signos de dejadez. No hay máquina de extracción de humos ni el suelo es antideslizante, enumeran. Por allí pasan carpinteros, pintores, electricistas, albañiles, jardineros, calefactores, mecánicos o fontaneros. Al menos antes estaban reconocidos como tal. Desde que en 2008 la Junta suprimiera las categorías —convirtiéndolos a todos en técnicos de mantenimiento—, vienen realizando tareas que no les corresponden o en las que no son expertos. Pero esa, aunque importante, no es su principal reivindicación, sino que se les está “dejando morir”. El servicio de mantenimiento está en horas bajas. Pueden esperar una semana para que les llegue un rodapié de mármol que hay que reponer o más de diez días para recibir un bote de pintura. “Si tardo en tener el material, justifico la privatización”, reflexiona en alto un trabajador, imaginando la forma de pensar del SAS, que pretende adjudicar el servicio, según fuentes sindicales, en torno al próximo mes de junio.
Fue el 18 de diciembre cuando expiró el plazo máximo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas, sin que hasta el momento se conozca mucho más sobre el proceso. Pocos datos aporta el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, solo que el presupuesto base de licitación (con IVA) es de 11,6 millones de euros y el valor estimado del servicio de unos 23 millones. “No están apostando para que el mantenimiento siga siendo público, cuando está demostrado que somos más rentables”, apunta un empleado, de la decena que se reúne con lavozdelsur.es para analizar el estado actual de un servicio que languidece ya que, critican, se está dejando envejecer a la plantilla y no se la dota de los materiales que necesitan. “Nos han quitado las herramientas y nos han dado un boli”, dice otro, quien sostiene que “la diferencia entre la gestión pública y la privada es que ellos vienen desde su casa y yo tardo tres minutos en llegar al lugar donde haya un desperfecto”.
Uno de los carteles que pegan los trabajadores de mantenimiento para protestar por la inminente privatización del servicio. FOTO: MANU GARCÍA
La última muestra: la puesta en marcha del esperado edificio de Radioterapia, que se abrió tras diez años de retraso, y cuya última planta está “desalojada” —extremo que no ha podido confirmar lavozdelsur.es—, ya que “se llueve como una canasta”, aseguran, donde incluso que poco antes de la inauguración “se cayó una cristalera”, aunque no hubo que lamentar daños personales. El procedimiento en estos casos, explican, es el siguiente: “Cuando se hace una obra y se entrega, llega el jefe y nos manda a ver los fallos que tiene el edificio, que debe arreglar la empresa, aunque al final nos pasan partes para que lo hagamos nosotros”.
“Antes ibas al almacén por algún material, se pedía y llegaba pronto, ahora hay que pedir permiso a Cádiz, esperar que lo apruebe, para lo que tarda entre 15 y 20 días, y entonces se pide”, explica uno de los empleados. “Al final todo esto recae en el paciente”, agrega, “que es quien sufre estas situaciones". Como, por ejemplo, que haya un buen número de camas esperando reparación. La carga de trabajo cada vez es mayor y, los medios, más escasos. Los empleados de mantenimiento también se quejan de que “se construye pero no se contrata a más personal”. Siguen siendo en torno al medio centenar en el Hospital de Jerez, una cifra que se mantiene estable desde hace un tiempo, unos 150 trabajadores contando los centros hospitalarios de toda la provincia.
La diferencia entre la gestión pública y la privada es que ellos vienen desde su casa y yo tardo tres minutos en llegar al lugar donde haya un desperfecto”
Muchos de ellos son eventuales. "Tengo una carpeta en mi casa con todos los contratos, de un día, una semana, un mes...", relata uno de los empleados. La normativa que entró en vigor en 2008 creó “una clara discriminación entre las antiguas categorías de albañil, pintor y carpintero (técnicos en las nuevas categorías grupo D) y fontaneros electricistas, mecánicos, calefactores (técnicos especialistas en las nuevas categorías grupo C2), mientras los jardineros y peones se quedan en grupo E”, asegura Unión Sindical Obrera (USO), un sindicato que señala que la orden de 16 de junio de 2008 generó un “caos”, ya que “no existe bolsa de contratación para mantenimiento y se hacen contrataciones a dedo sin titulación requerida utilizando al personal como chico para todo sin pagarles horas extras”.
Este sindicato, junto a CCOO, UGT, CSIF y el Sindicato Independiente de Celadores, ya remitió un escrito a la delegación territorial de Salud donde criticaba que "este pliego de contratación es un preludio, una vez más, de privatización de lo público”, y señalaban que "puede existir un vacío normativo debido a encontrarnos, actualmente, dentro de un periodo de transición entre una nueva Ley de contratación pública, colocando en una situación de ambigüedad el modelo contractual que debe ser referente a este pliego de prescripciones técnicas”.
¿Qué es más rentable: la gestión pública o privada?
La Junta niega que haya privatización. Prefiere usar la expresión “externalización del servicio” y, además, asegura que no están en peligro los puestos de trabajo de los 150 empleados de mantenimiento que tiene la provincia. “Se garantizan al 100% las actuales plantillas de mantenimiento todos los hospitales públicos de toda la provincia de Cádiz”, aseguraba semanas atrás Manuel Herrera, delegado territorial de Salud. “Lo que se ha sacado a licitación son ciertos servicios que están realizando actualmente varias empresas externas”, explicaba. “Queremos garantizar el adecuado mantenimiento de nuestras instalaciones y, en este sentido, hay temas específicos que son necesarias ciertas empresas externas que facilitan la mejora o la reparación de ciertos equipamientos”, decía Herrera, apostando por la gestión privada.
Un trabajador de mantenimiento enseña el pliego de licitación del servicio. FOTO: MANU GARCÍA
El Parlamento andaluz, recientemente, aprobó parcialmente una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Podemos —que contó con apoyos de PP, Cs e IU y los votos en contra el PSOE—, por la que acordó pedir al Gobierno de Susana Díaz la puesta en marcha de un plan de evaluación de los servicios externalizados del SAS para estudiar qué formula —público o privada— es más rentable y eficiente. “Los hechos y los datos disponibles han desmentido, con numerosos ejemplos cercanos y recurrentes, que la externalización de los servicios suponga una mejora en la gestión y calidad de la asistencia”, defendía el parlamento de Podemos, Juan Antonio Gil, quien sostenía que se han producido “numerosas interferencias en el normal funcionamiento de los centros sanitarios, hospitales o centros de salud”.
Lo que no salió adelante fue la petición que incluía la PNL de la formación morada que pasa por crear, en el seno de la Consejería de Salud, una dirección técnica de servicios que vigilara y coordinara todos los servicios sanitarios y no sanitarios para “garantizar la estricta sujeción a las prescripciones establecidas para los mismos”. El diputado del PSOE, Jesús María Ruiz, acusaba a Podemos de hacer "demagogia" y aseguraba que “hay millones de andaluces que valoran la sanidad pública permanentemente”. La parlamentaria Patricia del Pozo (PP) sostenía que, “desde hace más de 30 años", España tiene un sistema sanitario público que "mantiene una estrecha colaboración con la iniciativa privada mediante la gestión indirecta de algunos de sus servicios”, lo que no quiere decir que estén “privatizados”.
Más apoyos para los trabajadores
Las reivindicaciones de los trabajadores vienen encontrando numerosos apoyos desde que empezaran a concentrarse, semanalmente, en centros sanitarios de toda la provincia para pedir la paralización del proceso de privatización que, temen, les termine perjudicando. Hasta la junta de personal del Hospital de Jerez emitió un comunicado hace unos días advirtiendo de que la maniobra prevista en el centro hospitalario jerezano, el Puerta del Mar de Cádiz, el Punta Europa de Algeciras y el de La Línea, “podría extenderse al resto de centros hospitalarios de Andalucía”.
Estos hechos son de “extrema gravedad”, añade, ya que “supone una agresión directa al personal de mantenimiento de los centros afectados, un colectivo altamente profesionalizado, cualificado, con gran experiencia en un terreno muy especializado que ha demostrado a lo largo de muchos años su eficiencia y compromiso con la organización sanitaria andaluza, y que vería gravemente deterioradas sus perspectivas de empleo”.
“Los crecientes intentos para incrementar la externalización de servicios del SAS (cocinas, lavanderías, mantenimiento, fisioterapia, hemodiálisis, informática, celadores, conductores, almacenes, etc...), a los que estamos asistiendo en los últimos años, demuestran una preocupante deriva de la administración sanitaria, que no es compatible con el discurso oficial de defensa de la sanidad pública andaluza", señala la junta de personal del Hospital de Jerez.
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