Navantia asegura este sábado que actúa "en todo momento conforme a la legalidad vigente, incluido el convenio colectivo" acordado con la representación de los trabajadores, mientras los soldadores Jesús Galván y Manuel Balber llevan ya cuatro días encaramados a una grúa de su astillero en San Fernando en protesta por lo que denuncian como "listas negras" por actividad sindical.
La tensión escala después de que la seguridad privada de la empresa pública impidiera el acceso a las instalaciones a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, que intentaba llevar colchonetas a los dos trabajadores.
Manuel Balber y Jesús Galván, soldadores del metal subcontratados, permanecen desde el pasado miércoles sobre la grúa del astillero de San Fernando sin suministro eléctrico y, hasta este sábado, sin siquiera una esterilla donde dormir. La situación es cada vez más extrema: los propios trabajadores advierten en un vídeo de que pueden quedarse sin batería en sus dispositivos. "Igual es nuestro último vídeo", anuncian, y lanzan un llamamiento directo a sus compañeros.
Navantia, por su parte, traslada que "todas las actuaciones tienen como primer objetivo preservar su seguridad", y que se les está facilitando alimentos, agua, mantas y baterías portátiles para emergencias, añadiendo que "también los han visto los servicios mínimos de la compañía". La empresa pública rechaza además de forma categórica la existencia de represalias sindicales: "En la empresa no hay listas negras por actividad sindical".
Respecto a la contratación, señala que el acceso a la plantilla se realiza mediante un "proceso reglado y acordado con la parte social para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad", y que en lo relativo a las industrias auxiliares, "Navantia contrata servicios y no decide qué personas los realizan".
Irene Montero, bloqueada en la puerta: "¿No hay nadie que pueda levantar un teléfono?"
La eurodiputada y secretaria política de Podemos Irene Montero intentó este sábado acceder a las instalaciones de Navantia en San Fernando para llevar unas colchonetas a los trabajadores, pero la seguridad privada de la empresa se lo impidió. Montero no ocultó su indignación.
Montero dirigió una interpelación directa a las instituciones: "¿No hay nadie en la Junta de Andalucía, no hay nadie en el Gobierno de España —que esto es una empresa 100% pública— que pueda levantar un teléfono para que se acaben las listas negras?". La eurodiputada exigió responsabilidad tanto a la Junta como al Gobierno central para garantizar que Navantia "cumpla con la ley".
Montero describió sin ambages las condiciones en que se encuentran los dos soldadores: "Llevan cuatro días subidos a una grúa, durmiendo en hierros y sin una miserable esterilla", completamente a oscuras cuando cae el sol por la falta de suministro eléctrico. Más allá de la denuncia inmediata, la eurodiputada enmarcó el conflicto en un contexto más amplio, explicando que las listas negras funcionan como una doble herramienta de represalia: por un lado, impedir que trabajen quienes han liderado luchas sindicales para que "no tengan trabajo y se tengan que ir"; por otro, disuadir al resto de la plantilla de ejercer sus derechos colectivos.
Navantia, en su respuesta, añadió un dato que considera relevante: "Nos consta, porque así lo han dicho en un vídeo, que han recibido al menos una oferta de trabajo para la provincia de Cádiz desde que comenzó esta situación". Un argumento que, lejos de desactivar la protesta, ha avivado aún más el debate sobre las condiciones reales de contratación en el sector.