La privatización del servicio de mantenimiento de hospitales y centros de salud de la provincia que la Junta pretende ejecutar —aunque evite usar la palabra privatización—puede costar unos 19 millones de euros, según calculan CCOO, UGT, CSIF, USO y el Sindicato Independiente de Celadores, en un escrito dirigido a Manuel Herrera, delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz. En el documento piden que se retire la licitación puesta en marcha a finales de 2017 porque “supone un ataque a los trabajadores y a la Sanidad pública por la externalización del 65% de la carga de trabajo de mantenimiento de los centros sanitarios públicos”.
Las secciones sindicales solicitan a Salud que esos 19 millones sirvan para ofrecer “más formación a los trabajadores públicos de los diferentes servicios de mantenimiento de los centros de la provincia” y también para “aumentar las contrataciones de personal público para poder acometer las tareas que se precisen”. Herrera, tras una de las últimas concentraciones organizadas por los trabajadores frente de la delegación provincial, asegura que estos servicios no se van a privatizar ni se va a ver afectada la plantilla. “Los expedientes de mantenimiento no significan que se vayan a privatizar los servicios. No se van a privatizar, se garantiza el 100% de todas las plantillas, no ponen en riesgo los puestos de trabajo públicos”, insiste el delegado territorial de Salud, quien asegura que la idea es que “ciertos servicios que realizaban ciertas empresas externas, se sacan a licitación”.
Los sindicatos no se creen las palabras de Herrera, y aseguran, en un escrito remitido el pasado 24 de marzo y al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, que “este pliego de contratación es un preludio, una vez más, de privatización de lo público”. Las organizaciones sindicales apuntan que “puede existir un vacío normativo debido a encontrarnos, actualmente, dentro de un periodo de transición entre una nueva Ley de contratación pública, colocando en una situación de ambigüedad el modelo contractual que debe ser referente a este pliego de prescripciones técnicas”. CCOO, UGT, CSIF, USO y el Sindicato Independiente de Celadores señalan que “para presumir la buena fe, se debería haber exhibido el informe de idoneidad del objeto y las necesidades administrativas que hacen necesaria la contratación de una empresa externa para garantizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones de los diferentes centros sanitarios”.
“Esta licitación, al tener lugar en exclusividad en la provincia de Cádiz, coloca a los trabajadores en una situación de desigualdad con respecto al resto de las provincias andaluzas”, abundan en el documento dirigido a Manuel Herrera, donde critican que no se hayan negociado previamente las condiciones del pliego, que “supone modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de los trabajadores del SAS de los diferentes centros sanitarios, quienes se han visto desamparados ante una actuación atentatoria a sus derechos por parte de la Administración sanitaria”.
Las reivindicaciones de los trabajadores también se están encontrando con apoyos políticos, como Podemos, que por mediación de su líder andaluza, Teresa Rodríguez, critica que se está produciendo “una privatización escalonada y encubierta de los servicios sanitarios”, que anuncia la presentación de una moción en el Parlamento andaluz para defender el servicio público de mantenimiento. La parlamentaria andaluza de IU, Inmaculada Nieto, también recrimina a la Junta que esté haciendo "oídos sordos a las peticiones sindicales y del personal en defensa de la gestión pública del servicio". La formación Por Cádiz Sí Se Puede abanderó, recientemente, una proposición en el pleno de la Diputación de Cádiz para pedir la paralización de la licitación, que consiguió los apoyos de Ganemos Jerez e IU, pero el voto en contra del PSOE y las abstenciones de PP y PA hicieron que no saliera adelante.
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