El colectivo exige que se le abone un complemento de peligrosidad que la Dirección General de Tráfico les prometió en 2015. Las autoescuelas calculan que un 20% de los alumnos se quedaron sin examinar en la provincia en julio.
Los examinadores de tráfico, que llevan realizando paros parciales durante todo el verano, suspenden la huelga indefinida que iba a comenzar el 4 de septiembre, para hacerla de tres días a partir de esa fecha —de lunes a miércoles—, trabajando con normalidad todos los jueves y viernes. “No podéis pedir lo que no tenemos; no podemos daros lo que queréis”, son las palabras de Gregorio Serrano, director general de la DGT, tras la reunión mantenida este martes con miembros del colectivo para intentar desbloquear la situación. Los examinadores piden a la Dirección General de Tráfico que cumpla el acuerdo firmado en 2015, cuando se comprometió a pagarles un complemento de peligrosidad de unos 250 euros brutos mensuales, que hasta la fecha no ha satisfecho, lo que supone un gasto de poco más de dos millones de euros anuales, teniendo en cuenta que existen en toda España unos 700 examinadores —en 2009 eran más de 900—, una veintena de ellos en la provincia de Cádiz.
“Le pedimos que no mientan”, sostienen examinadores de la provincia, que prefieren mantenerse en el anonimato, y que señalan que la intención de la DGT es “privatizar” el sector para que el servicio lo termine prestando una empresa privada. Las fuentes consultadas relatan que falta voluntad por parte de la DGT para solventar el conflicto, ya que los dos millones de euros anuales necesarios para abonar el complemento que solicitan son una “ridiculez” comparados con los diez millones de euros que, por ejemplo, emplea en campañas de publicidad en medios de comunicación, máxime para un sector que genera unos 600 millones anuales. “Por cada día que no examino, el Estado deja de ingresar 800 euros”, apunta un trabajador.
El gremio asegura que, por la peligrosidad que entraña su trabajo, al tener que estar 7,5 horas diarias en carretera, expuestos a las condiciones climatológicas y con riesgo de accidentes, tienen derecho a percibir el complemento que exigen, y que la propia DGT aprobó. “Hay compañeros, que son jóvenes, que han tenido que darse de baja definitiva por accidente: uno un pitido constante en el oído y el otro unos dolores de cabeza que no le dejan vivir”, explican desde el colectivo.
La huelga está provocando pérdidas a las autoescuelas, ya que al no poder examinarse, los alumnos no se están matriculando durante el verano, una época de gran actividad. “Comprendemos que tengan este problema, las autoescuelas tienen razón, pero la que tiene que tomar la determinación final es la DGT”, apuntan desde el colectivo. Uno de ellos, con más de 20 años de trayectoria en la Administración, cuenta que su sueldo es de poco menos de 1.400 euros, y que en ocasiones tiene que levantarse a las cinco de la mañana para examinar en localidades que se encuentran en el otro extremo de la provincia. “Es cierto que nos pagan los desplazamientos, pero estamos expuestos a peligros, lo único que pedimos es que se nos pague esa peligrosidad”, señalan.
“Nosotros estamos pagando las consecuencias, pero no tenemos poder en la negociación”, señala Antonio Herrera. presidente de la Asociación Comarcal de Autoescuelas, quien calcula que en torno a un 20% de los alumnos se quedaron sin examinar en la provincia el pasado mes de julio, ya que Cádiz es una de las pocas regiones, junto a Badajoz y las Islas Baleares, en las que no se ha secundado la huelga al 100%. El “tapón” de alumnos acumula un mes de retraso, ya que en lugar de dos o tres semanales, ha habido una prueba. Herrera sostiene que, en todo el país, unos 130.000 alumnos no se han examinado este verano y que estos paros suponen “una ruina para las autoescuelas, que no podemos trabajar así”. El presidente de la asociación señala que harían falta un 25% más de examinadores, “pero si encima hay huelga, esto es un caos”.
La Dirección General de Tráfico, por su parte, asegura que no tiene competencias para autorizar la subida retributiva que piden los examinadores y que el Ministerio de Hacienda señala que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a ellas. La reunión mantenida entre las partes implicadas, tras no alcanzar un acuerdo, también plantea los servicios mínimos, que los examinadores quieren que sean del 20%, y la DGT, en un principio propuso el 65%, que finalmente rebajó al 50% tras la negativa del colectivo examinador, al no considerar el suyo un servicio esencial. La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) anuncia la suspensión de la huelga indefinida, que sustituye por paros parciales, porque "esta postura (de la DGT) de no cumplir con los compromisos adquiridos con los examinadores está haciendo perder muchos puestos de trabajo y gran cantidad de dinero", por lo que "el comité, sensible a las demandas de los ciudadanos en las últimas horas, ha considerado realizar un cambio en la estrategia de huelga".
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