El alcalde de Cádiz, José María González, ha lamentado este lunes la ausencia de los alcaldes de la Bahía a la reunión convocada para este lunes con el objetivo de abordar la situación y la coyuntura que atraviesa la industria naval y la industria aeroespacial en la comarca y tras las movilizaciones emprendidas por ambos sectores. A esta reunión estaban convocados el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, quien confirmó su asistencia pero no ha acudido, la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, quien también confirmó su asistencia y tampoco ha acudido y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quien no confirmó su presencia pese a la importancia de este encuentro.
José María González ha afirmado que “no me han plantado a mí, sino a los trabajadores de la industria naval y aeroespacial ya que en estos momentos necesitan la implicación y la unidad de las administraciones para hacer un frente común que reclame carga de trabajo sostenible y sostenida en el tiempo”. González ha criticado la falta de una mayor implicación por parte de los alcaldes que “tras convocarles el pasado 3 de agosto nos pidieron aplazar la reunión por problemas de agenda para después no presentarse en la fecha acordada”. Argumentan: “Que necesitan reunirse primero con los comités de empresa pese a que han tenido todo el mes de agosto para hacerlo y pese a que el objetivo de esta reunión era la unidad institucional”.
González ha señalado que “seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento de Cádiz para reclamar carga de trabajo para estos dos sectores estratégicos de la Bahía gaditana porque no podemos permitirnos el lujo de perder más industrias”. Es por esto que ha solicitado ya una reunión con el Gobierno Central para abordar la difícil situación que están atravesando tanto la industria naval como la aeroespacial, una reunión a la que podrán sumarse el resto de alcaldes de la Bahía si así lo consideran”.
El alcalde de Cádiz ha adelantado que “en esa reunión vamos a pedir una distribución equitativa de la carga de trabajo ya que no es comprensible que Ferrol tenga asegurados seis años de trabajo mientras que Cádiz se está quedando con las sobras”. Además, instamos a que “se cumpla el convenio colectivo que se acordó con los trabajadores y trabajadoras y que se apueste de verdad por la continuidad de estas industrias a través del rejuvenecimiento de las plantillas, así cómo abordar qué hacer y cómo invertir los fondos provenientes de Europa”.
José María González espera que los alcaldes de la Bahía se terminen uniendo “para poder hacer un frente común y de presión desde el municipalismo que consiga estabilidad para las industrial naval y aeroespacial en la Bahía”.
González, ha recordado que “es necesario que todas las partes estén dispuestas a ceder para lograr la dignificación del horizonte laboral de estos dos grandes ejes tractores de la economía y el empleo en la comarca. Asimismo ha valorado el gesto de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz “a quienes han tildado de salvajes y han sido los primeros en ceder volviendo al trabajo pero manteniendo las reivindicaciones”.
Irene García: "Las malas noticias y la imagen de conflictividad nunca traen efectos positivos"
“Las malas noticias y la imagen de conflictividad nunca traen efectos positivos; y hoy menos que nunca a tenor de la competitividad del sector naval y la coyuntura socioeconómica y sanitaria que estamos viviendo”. Estas manifestaciones corresponden a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, quien muestra su preocupación por la deriva de las protestas que han promovido trabajadores de la industria auxiliar. Irene García considera que el sector naval también depende de la imagen que se proyecta y, sobre todo, “del grado de cumplimiento de los plazos de entrega” por lo que reclama unificar esfuerzos para que las factorías de Navantia en Cádiz, Puerto Real y San Fernando, junto al tejido de empresas auxiliares, sean reconocidas por la calidad de su servicio y su capacidad innovadora.
La presidenta de Diputación también quiere que se respeten los cauces institucionales, al objeto de establecer una unidad de acción auténtica y legítima. Al respecto defiende que “sin entrar en este conflicto puntual, las relaciones laborales tienen unos interlocutores legalmente establecidos”, en clara alusión a los comités de empresa.
Desde un punto de vista político-institucional, Irene García no descarta que la Diputación pueda ser el foro donde se concrete una voz única, si bien entiende que “en este momento deben ser los alcaldes y alcaldesas que cuentan con plantas en sus términos quienes lideren la interlocución con los representantes de los trabajadores de las factorías. Me comprometo a tratar de buscar ese punto de encuentro, pero siempre a partir de las demandas de nuestros municipios”.
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