La autopista que conecta que la autopista Burgos con Armiñón (AP-1), la Cádiz-Sevilla (AP-4), el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, el trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) dependen de concesiones administrativas que expirarán, como muy tarde, en 2021. Por eso las empresas que explotan estos peajes están presionando al Gobierno para que se prorroguen estos acuerdos, que en algunos casos duran décadas. La patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, asegura que la supresión del peaje en esta media docena de autopistas supondría un coste de unos 450 millones de euros al año para las arcas públicas, un importe derivado de su mantenimiento y de la reversión fiscal que deja de ingresar, que se eleva a los 1.000 millones en el caso de considerar a toda la red de pago.
El presidente de Abertis —que gestiona varias de estas autopistas—, Salvador Alemany, proponía hace unas semanas que el Gobierno iniciar un "debate maduro" para definir un nuevo modelo de gestión de estas infraestructuras. Seopan, que aglutina a las seis grandes constructoras (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr), sostiene que "no tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, estos importes para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista".
La patronal es partidaria de "mantener el actual modelo de concesión, con cambios que den satisfacción a todas las partes", para evitar que se saturen algunas de estas vías. "No tiene sentido sufragar con impuestos el tráfico extranjero", apunta. El Gobierno central asegura por activa y por pasiva que no se prorrogarán estos peajes, aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se muestra partidario de constituir un pacto de Estado para dirimir el devenir de estas infraestructuras. "Sería deseable alcanzar al respecto un cierto acuerdo político, dado que se trata de una decisión sobre el futuro del país", señala.
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