La Fiscalía ha denunciado ante los juzgados un supuesto desvío de fondos con facturas falsas en las rutas de autobuses escolares de la provincia de Cádiz. Una investigación de año y medio del Ministerio Público que habla de malversación de fondos públicos, prevaricación o falsedad documental que implicaría a la Junta y a la empresa de transporte Marceli y Juanito SL, con sede en la pedanía jerezana de Guadalcacín, según adelanta El País.
Fue la Intervención de la Junta la que habría conocido del presunto entramado de facturas falsas. El interventor es muy claro: "Se habría contratado por 762.210 euros un servicio que hubiera debido tener un coste de 172.863 euros. De lo contratado, se indica que Marceli y Juanito SL [empresa de autobuses], habría emitido facturas por importe de 544.580 euros, de las que se habrían abonado 455.035 euros". Habría sido a través de contratos menores duplicados entre 2022 y 2023, con un total de 38 de estas contrataciones sin proceso público para la adjudicación.
La Junta explica que fue la que alertó de la situación
Preguntada por lavozdelsur.es, la Consejería de Desarrollo Educativo explica que en mayo de 2023 "la Agencia Pública de Educación (APAE) abrió diligencias preliminares por la tramitación irregular de expedientes de contratación de transporte escolar en la provincia de Cádiz en el curso escolar 22-23".
Así, ante estas sospechas, "como medida cautelar el trabajador fue suspendido de empleo y sueldo". Era la persona por la que pasaban estas decisiones. "La Agencia había detectado un llamativo incremento en el presupuesto que dio paso a la investigación que llevó a cabo un técnico de APAE en la Gerencia de Cádiz. A partir de ahí se abren las diligencias".
La Junta ha reclamado dinero al empleado público despedido y a Marceli y Juanito SL
Posteriormente, tras esa primera decisión, "el 2 de noviembre de 2023 la Agencia Pública de Educación despide al trabajador implicado después de incoar un expediente disciplinario por faltas muy graves". Y es ahí cuando la agencia "puso en conocimiento del caso a la Intervención General de la Junta, que a su vez lo traslada a la Fiscalía por indicios de delito. Igualmente, la Agencia ha trasladado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) la documentación que ha requerido sobre el caso".
Los servicios prestados eran en centros, entre otros, para Chiclana, el IES Fernando Quiñones y el CEIP José de la Vega. El desfalco se habría producido de una forma muy rudimentaria, según el informe del interventor recogido por El País: "Prestándose el servicio una única vez, pero abonándose repetidamente a través de los diferentes expedientes con la misma empresa, Marceli y Juanito SL".
De hecho, la Junta explica que la agencia "ha reclamado a la empresa, mediante resolución de nulidad de los contratos afectados, las cantidades percibidas de forma irregular, que ascienden a 351.396 euros, e igualmente al trabajador la cantidad de 25.325 euros correspondientes al periodo de suspensión de empleo y sueldo".
lavozdelsur.es ha intentado a lo largo de la mañana de este miércoles recabar la posición de la empresa Marceli y Juanito SL, sin obtener a la hora de publicar esta información respuesta alguna. El País tampoco recoge la postura de la empresa al no haber obtenido respuesta, señala en la pieza.