La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha defendido este pasado miércoles que el presunto caso de facturas falsas en el transporte escolar en Cádiz fue destapado por la propia Junta de Andalucía y no por la Fiscalía, como algunos medios han dado a entender. “Hemos sido nosotros los que hemos actuado”, ha recalcado tras la reunión del Consejo de Gobierno.
La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha reaccionado así a una información adelantada por El País, que revela una investigación abierta por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en la contratación del transporte escolar en Cádiz con la empresa jerezana Marceli y Juanito durante el curso 2022-2023. España ha insistido en que fue la Junta quien detectó el problema y dio los pasos para judicializarlo.
La APAE abrió diligencias en mayo de 2023
Según ha detallado la portavoz, fue la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), dependiente de la Consejería de Educación, la que inició en mayo de 2023 diligencias preliminares tras detectar “duplicidad de facturas” en expedientes vinculados al transporte escolar en esa provincia. Las anomalías se habrían producido durante el curso 2022-2023.
Carolina España ha explicado que, tras una investigación interna, se abrió expediente disciplinario a un trabajador, que finalmente fue expulsado del organismo. Además, se activaron los mecanismos de control interno y se trasladó el caso a la intervención general de la Junta de Andalucía para su evaluación.
“Desde el minuto uno actuamos con contundencia”, ha señalado la portavoz, quien ha recalcado que fue el propio Ejecutivo andaluz quien derivó el caso a la Fiscalía, una vez que los indicios apuntaban a un posible delito. “Los controles funcionan. Si se detecta algo, se acude a la Fiscalía, como hemos hecho”, ha afirmado con rotundidad.
Crítica a la gestión socialista del pasado
España también ha aprovechado para comparar la actuación del actual Gobierno andaluz con la de anteriores ejecutivos socialistas, a los que ha acusado de no haber actuado con el mismo nivel de transparencia ni rigor ante irregularidades. “Nosotros no miramos hacia otro lado”, ha dicho, defendiendo el modelo de control y supervisión que aplica el Ejecutivo de Juanma Moreno.
El caso está ya en manos de la Fiscalía, que investiga la posible comisión de delitos en la gestión de contratos públicos en el ámbito del transporte escolar. Las diligencias buscan determinar si existió fraude administrativo, falsedad documental o malversación de fondos públicos.
El PSOE-A pide explicaciones
La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha dirigido este pasado miércoles públicamente una serie de preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), y le ha reclamado explicaciones ante presuntas "facturas falsas" de la Junta con la sanidad privada y en materia de transporte escolar en Andalucía.
La también vicesecretaria general del PSOE-A se ha referido a esta cuestión en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha insistido en avisar al presidente de la Junta de que "espere sentado" si ha pensado que "el Partido Socialista de Andalucía se va a callar y no va a denunciar todos los casos de corrupción que estamos conociendo del Gobierno" de la Junta, y "la nefasta gestión y el sufrimiento de los andaluces por culpa de las políticas de privatización del PP" que, según ha criticado, lleva a cabo el Gobierno de Moreno en esta comunidad.
En esa línea, María Márquez ha reivindicado la "contundencia" con la que actúa el PSOE "cuando hay casos de corrupción que nos avergüenzan", así como ha subrayado que los socialistas andaluces van a "seguir trabajando" para trasladar "la voz de los andaluces que sufren la privatización en el ámbito de la sanidad o la educación".