La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha otorgado ayudas en varios municipios de la provincia de Cádiz para la redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares. Esta figura de planeamiento está establecida en la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento. Los ayuntamientos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y San Roque, así como la asociación de vecinos La Esperanza del Marquesado de Chiclana de la Frontera, han sido los beneficiarios en esta convocatoria en la provincia.
La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha explicado que el propósito de este planeamiento es "identificar y delimitar las agrupaciones de edificaciones irregulares y establecer las medidas necesarias para su adecuación ambiental, territorial y paisajística, garantizando las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de la población". Se estima que estos planes especiales se dirigirán a unas 1.000 edificaciones irregulares, según las estimaciones de los solicitantes.
Sánchez ha destacado "la importancia de la Ley LISTA en la articulación del territorio y el planeamiento urbanístico, así como la apuesta del Gobierno andaluz por la simplificación administrativa y la provisión de soluciones a los ayuntamientos y asociaciones de vecinos en materia de regularización".
Estos planes especiales incluirán medidas correctoras sobre las infraestructuras de saneamiento para evitar posibles filtraciones en los sistemas de evacuación y depuración de aguas residuales, protegiendo así el terreno y las aguas subterráneas de la contaminación. Además, se tomarán medidas para preservar el paisaje y los elementos singulares del patrimonio histórico.
La tramitación del plan especial puede ser iniciada por el Ayuntamiento o a instancias de más de la mitad de los propietarios de las edificaciones irregulares incluidas en el ámbito de esta planificación.
Una vez aprobado el plan especial, y tras transcurrir el plazo de 6 años de prescripción del ejercicio de protección de la legalidad urbanística, se podrán realizar las obras necesarias para asegurar el acceso reglado a los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y red eléctrica. Cada edificación irregular deberá solicitar individualmente la situación de AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación).
Con esta línea de subvenciones se busca fomentar la aplicación de la ley para corregir los efectos negativos de las edificaciones irregulares y garantizar las condiciones de seguridad y salubridad de la población que reside en ellas.