El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de solo dos años de prisión a un hombre por dos episodios de abuso sexual contra una mujer que se encontraba dormida y bajo los efectos del alcohol en una vivienda de Conil. Los hechos ocurrieron en abril de 2022 y fueron reconocidos por el acusado durante el juicio oral. La víctima reclamaba una pena mucho mayor. En concreto, nueve años de cárcel, frente a los dos impuestos por la Audiencia Provincial de Cádiz el 11 de noviembre de 2025. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha rechazado su recurso y ha mantenido íntegramente la sentencia.

Según los hechos probados, la mujer había salido a cenar y tomar copas con el acusado y la pareja de este. Tras llegar a Conil, los tres continuaron consumiendo bebidas alcohólicas y, alrededor de las 8.00 horas, se trasladaron a una vivienda para descansar. La perjudicada se quedó dormida debido a su estado de embriaguez. Fue entonces cuando el hombre se aprovechó de su falta de conciencia para abusar sexualmente de ella. La mujer despertó, le apartó la mano y le pidió que parase.

Cuando volvió a quedarse dormida, el acusado llevó a cabo una segunda agresión sexual, esta vez con penetración. El hombre reconoció los hechos durante el juicio, aunque los había negado durante la investigación.

Por qué el tribunal mantiene los dos años de prisión

La clave de la condena está en tres circunstancias atenuantes que la víctima pretendía eliminar: la reparación del daño, la embriaguez del acusado y las dilaciones indebidas durante el procedimiento judicial. El condenado había consignado 20.000 euros de indemnización un día antes del juicio. Además, el tribunal considera acreditado que el consumo de alcohol y cannabis había afectado levemente a sus facultades. También aprecia retrasos injustificados en una causa que se prolongó durante tres años y siete meses hasta la primera sentencia.

El TSJA rechaza igualmente la petición del condenado de obtener una reducción adicional de la pena por el dinero abonado y su reconocimiento de los hechos. La resolución mantiene además 12 años de prohibición de aproximación y comunicación, ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 20.000 euros. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.