La Fiscalía pide 43 años de prisión para Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha que el 9 de febrero de 2024 embistió con a una zódiac de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, matando a dos agentes y provocando heridas a otros cuatro.
Los guardias civiles fallecidos, Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y David Pérez Carracedo, de 43 años, miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), murieron en el acto como consecuencia del brutal impacto de la narcolancha.
El Ministerio Fiscal considera a Karim El Baqqali responsable de dos delitos consumados de asesinato, por los que solicita 20 años de prisión (diez años por cada uno); cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, por los que pide otros 20 años (cinco por cada uno); y un delito de atentado agravado cometido con instrumento peligroso —la propia narcolancha—, por el que reclama tres años adicionales y una multa de 360 euros. La acusación pública añade también un delito de daños, penado con una multa de 960 euros.
La Fiscalía ha tenido en cuenta la confesión de El Baqqali como circunstancia atenuante analógica muy cualificada respecto a todos los delitos imputados, lo que explica la distancia entre los 43 años que pide el Ministerio Fiscal y las penas mucho más elevadas reclamadas por otras acusaciones. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita dos millones y medio de euros de indemnización para los familiares de los agentes fallecidos.
El acusado se encuentra en prisión provisional desde que se entregó a las autoridades siete meses después de los hechos. Durante la instrucción de la causa, su defensa ha sostenido que el impacto con la patrullera de la Guardia Civil fue accidental, ocurrido mientras intentaba esquivarla.
Las familias piden 119 años; las acusaciones populares, 98
Las familias de los agentes fallecidos, que ejercen la acusación particular, presentaron en marzo sus conclusiones provisionales reclamando para El Baqqali una pena de 119 años de prisión, además de los mismos 2,5 millones de euros de indemnización civil. Por su parte, varias acusaciones populares —entre ellas la AUGC, Jucil y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, junto a la asociación Adive— solicitaron en un escrito conjunto 98 años de cárcel para el piloto.
El caso cuenta además con un segundo procesado: Yassine El Morabet, tripulante de la narcolancha que durante el atropello utilizó un puntero láser para deslumbrar a los agentes. La Fiscalía lo acusa de un delito de atentado agravado y pide para él tres años de prisión y multa de 360 euros, valorando también su confesión. El Morabet fue arrestado en noviembre de 2024, puesto en libertad en julio de 2025 tras pagar una fianza. Otros dos tripulantes marroquíes que viajaban en la embarcación serán juzgados en un procedimiento separado por contrabando y pertenencia a grupo criminal.
