La negociación para renovar el convenio colectivo del sector del butano en la provincia de Cádiz, que expiró en 2023, ha encallado de forma definitiva. A pesar de los avances logrados a principios de año en el marco del Sercla, donde se acordó el pago de atrasos y se abrió un proceso de diálogo, las expectativas de alcanzar un consenso se han frustrado por completo. La razón, según denuncian los sindicatos, es la irrupción de una empresa que ha roto los equilibrios internos del sector.
La compañía Carbis S.L., con sede en Jerez y de reciente implantación en la provincia, estaría bloqueando cualquier posibilidad de acuerdo, al imponer una postura intransigente que dificulta la posición negociadora del resto de empresas. Así lo han denunciado públicamente tanto CCOO Industria Cádiz como UGT FICA, que acusan a esta empresa de ejercer presión sobre la patronal para imponer un modelo laboral más precario.
"Esta empresa, minoritaria y recién llegada al sector, pretende imponer su opinión por encima de todos y todas, frustrando el clima de buena fe alcanzado en el inicio del proceso", advierte Francisco Alán Fernández, responsable del sector de Energías en CCOO Cádiz. A su juicio, "la presión de este grupo empresarial ha obligado a los sindicatos a dar un paso al frente para defender los derechos de la plantilla".
Los días de la huelga
Como respuesta a este bloqueo, ambos sindicatos han convocado una huelga que se desarrollará los días 21, 22, 28 y 29 de julio, y 4, 5 y 6 de agosto. Desde las organizaciones convocantes se apela al resto de los empresarios del sector a que contribuyan a desbloquear la situación y a "hacer entrar en razón a quienes no quieren negociar, sino imponer".
El conflicto amenaza con tensar aún más un sector esencial para el suministro energético de la provincia durante los meses de verano. Mientras tanto, las centrales sindicales insisten en que su voluntad sigue siendo la de alcanzar un acuerdo justo y equilibrado para todas las partes.
