El pleno ordinario del Ayuntamiento de Sanlúcar ha vuelto a evidenciar la tensión entre el Gobierno municipal de IU y la oposición, conformada por PP, PSOE y Vox, que mantiene su rechazo sistemático a varias iniciativas del equipo de gobierno.
La sesión se centró en la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), medida que el Gobierno local elevó al pleno en cumplimiento de la legalidad vigente. La oposición votó en bloque en contra de la ordenanza, pese a tratarse de una obligación que afecta a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, según explicó el delegado de Tráfico y Movilidad, Narciso Vital.
Vital recordó que la medida no es un capricho, sino un mandato de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, así como de otras normativas que exigen su implantación. "El rechazo no frena al Gobierno, sino que frena a la ciudad", advirtió, señalando que la negativa podría poner en riesgo fondos europeos y estatales destinados al transporte público urbano.
La ZBE está planteada de manera progresiva y flexible. Incluye Zonas de Especial Sensibilidad en entornos escolares, hospitalarios y residenciales vulnerables, y contempla autorizaciones para residentes, trabajadores, vehículos de emergencia, servicios esenciales, personas con movilidad reducida y casos singulares. Además, establece franjas horarias diferenciadas para facilitar la adaptación de la ciudadanía y del tejido económico.
El régimen sancionador de la ordenanza se limita a infracciones graves, mientras que las excepciones fijadas buscan proteger derechos individuales y sectores económicos, minimizando el impacto en la movilidad urbana. El Gobierno local insiste en que la medida es necesaria para cumplir la ley y evitar sanciones o pérdida de subvenciones.
A vueltas con las dietas de la discordia
El pleno también dejó al descubierto las prioridades de la oposición, que mostró un especial interés en impulsar un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Grupos Políticos. Según la alcaldesa, Carmen Álvarez, el reglamento recoge que cada concejal de la oposición podría percibir una dieta de 450,75 euros por asistencia a pleno, un pago que nunca se había abonado anteriormente.
La alcaldesa lamentó que la oposición siga centrada en iniciativas de carácter económico personal, mientras bloquea medidas de interés general. "El Gobierno municipal insta a PP, PSOE y Vox a ejercer una oposición constructiva en lugar de convertir cada pleno en un circo", señaló Álvarez.
Desde IU recalcaron que el rechazo a la ZBE compromete a la ciudad en materia de sostenibilidad y protección ambiental. Además, recuerdan que el cumplimiento de la normativa es clave para continuar recibiendo ayudas y subvenciones que benefician a toda la ciudadanía.
El Gobierno local insistió en que seguirá trabajando para garantizar la movilidad sostenible y proteger los fondos públicos, al tiempo que animó a la oposición a colaborar en proyectos de interés común en lugar de centrarse en disputas partidistas o beneficios individuales.
