Los títulos que mucha gente guarda en la memoria puede superar la veintena. Quizás por ese componente peliculero, la mayoría de las agresiones, las corruptelas internas o las intentonas de fuga son romantizadas o frivolizadas desde fuera, calificadas como inevitables, inherentes al mundo en el que se producen. Son cárceles, qué esperaba nadie.
Esa cruel fabulación supone una injusticia para los que viven en ese mundo laboral de forma real y cotidiana, sin ficciones ni cuentos, para los que nunca quisieron formar parte de una película de terror y se ven obligados a rodarla cada pocos días. Los funcionarios de prisiones dicen enfrentarse a una conflictividad y a una violencia "como nunca se ha conocido".
La gravedad y frecuencia de los ataques sufridos en las cárceles gaditanas alarma a los profesionales. La provincia es la única de España con cuatro prisiones: Botafuegos en Algeciras y tres complejos distintos en El Puerto de Santa María.
"Algunos de los reclusos considerados más conflictivos o peligrosos, con condenas por terrorismo, islamista o no, y varios homicidios están en la provincia de Cádiz", recuerda CSIF.
Miguel Ángel, un funcionario de prisiones gaditano y trabaja en uno de los complejos portuenses, resume la situación de los últimos meses: "Los reclusos cada vez son más violentos. Saben que somos pocos y estamos desmotivados. Estamos vendidos y nadie de la calle se pone en nuestro lugar".
Asegura que todos sus compañeros en el centro de reclusión, "sin una sola excepción que yo conozca", piensan que "vivimos el peor momento de seguridad que cada uno recuerda en su trayectoria profesional y algunos llevan muchos años".
Los funcionarios consultados por lavozdelsur.es insisten en que su petición de auxilio no solo afecta a los trabajadores, también a otros reclusos: "Las amenazas diarias, las agresiones, no solo las sufrimos nosotros, también una mayoría de internos que no son violentos ni conflictivos".
Uno de los cuatro centros penitenciarios gaditanos, Puerto III, es además el que cuenta con mayor población reclusa de todo el país. Tan es así que los funcionarios reclaman que la provincia sea declarada Zona de Especial Singularidad en materia carcelaria, con medidas y protocolos propios.
Los casos alarmantes no dejan de crecer en los últimos años mientras los trabajadores reclaman más medios materiales, mayor plantilla y, sobre todo, una consideración administrativa como agentes de seguridad que les respalde cuando llegan los conflictos.
Una larga lista de precedentes
Este mes de septiembre ha confirmado la tendencia en la provincia de Cádiz. Dos actuaciones policiales internas han acabado con hasta siete detenciones por la presunta introducción ilegal de teléfonos móviles y otros privilegios en las celdas a cambio de cobros ilegales.
El centro penitenciario Puerto II registraba en la noche del lunes otro episodio que remite a esas referencias según confirmaba el sindicato CSIF. Un recluso consiguó abrir un agujero en la puerta de su celda y, poco antes de la medianoche, lograba encaramarse al tejado de uno de los edificios principales del complejo portuense.
Desde esa altura, de cinco plantas, planeaba llegar al suelo mediante algún tipo de cuerda improvisada o con apoyo en las escasas estructuras metálicas que tiene la fachada. Caso de haber realizado el descenso habría puesto su integridad física en serio peligro.
En ese momento, cuando iniciaba la bajada, fue detectado a través de cámaras y vigilancia visual por funcionarios de prisiones que le interceptaron. El condenado amenazó con suicidarse lanzándose al vacío y tratando de arrastrar a los empleados públicos.
Esos trabajadores pusieron en peligro su propia seguridad para actuar como si de un intento de suicidio se tratara. Comenzaron un largo diálogo, "con gran calma y serenidad, con empatía, tratando de tranquilizar al fugado" para convencerle de que renunciara a la fuga o el suicidio.
Tras muchos minutos de charla, ya iniciada la madrugada del martes, el preso depuso su actitud y aceptó ser acompañado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía al interior de las dependencias penitenciarias para reanudar su situación de reclusión con los cambios o sanciones que suponga el intento de fuga.
Los funcionarios policiales que participaron en la operación han felicitado a los trabajadores públicos de prisiones que actuaron en primer término por "su inteligente y valiente actuación" que impidió que el recluso pudiera resultar gravemente herido.
Un ejemplo de lo que se necesita
El sindicato CSIF en Cádiz comparte la felicitación a los trabajadores "por su brillante actuación" pero entienden que situaciones como la vivida este lunes respaldan sus reclamaciones.
Los funcionarios de prisiones a los que representan exigen contar "con muchos más medios personales y materiales" para realizar su trabajo diario al tiempo que piden pasar a ser considerados "agentes de la autoridad" a todos los efectos, de forma administrativa. Son dos peticiones que mantienen, en vano, hace años.
Caso de obtener esa consideración, su situación de vulnerabilidad legal en caso de agresión de los internos o conflicto con los reclusos sería mucho menor que en la actualidad, según consideran los representantes de CSIF en la provincia de Cádiz.
Ángel Luis Perea, portavoz de Prisiones de este sindicato en Cádiz, no deja de insistir en la necesidad de un reconocimiento legal y estatal como agentes de la autoridad "que contemple el principio de indemnidad y de veracidad que van asociados".
Esta reclamación se ha quedado "en el cajón" una legislatura tras otra por lo que Perea considera esencial que se firme de forma urgente un pacto de estado que vendría a mejorar la seguridad de los trabajadores de las prisiones.
Las circunstancias particulares de la provincia de Cádiz hacen que esta conflictividad sea más preocupante y evidente, al margen de sucesos como los más recientes.
La escasez de personal médico es otra de las graves carencias en materia de seguridad. "Si faltan médicos y enfermeros en general, es fácil imaginar en los centros penitenciarios, que no es un destino laboral deseado por casi nadie".
Esta falta de personal, que también se extiende al resto de categorías profesionales, llava a CSIF a reclamar nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) porque las actuales "no están correctamente diseñadas".
La sobrecarga de trabajo que asumen los funcionarios por exceso de burocracia durante los turnos es otra de las quejas crónicas. Este esfuerzo añadido, afirman, va en detrimento de su propia seguridad y de una adecuada atención a los reclusos.