La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Cádiz a un empresario como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular, en el marco de la denominada Operación Naturke. La investigación, desarrollada por agentes adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María - Puerto Real, apunta a una presunta red de explotación en varios negocios de comida rápida tipo kebab repartidos por distintos municipios gaditanos.
El caso comenzó a investigarse el pasado mes de enero, después de varias inspecciones llevadas a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esas actuaciones se realizaron en cuatro establecimientos ubicados en El Puerto, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos propiedad del ahora detenido. A partir de ahí, la investigación fue avanzando hasta desembocar en su arresto.
Durante esas inspecciones, los agentes localizaron a cinco ciudadanos extranjeros de origen pakistaní que se encontraban en situación irregular y trabajando en los establecimientos. Esas personas fueron detenidas por infracción a la Ley de Extranjería, tramitándose los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión. Sin embargo, el alcance de la investigación fue más allá de esa primera actuación y permitió, según la Policía, destapar unas condiciones laborales especialmente graves.
Las pesquisas permitieron acreditar que los trabajadores estaban sometidos a condiciones de explotación laboral. De acuerdo con la investigación, eran obligados a realizar jornadas abusivas, sin disfrutar de días de descanso, y permanecían bajo un control constante mediante cámaras de vigilancia instaladas en los locales. A eso se sumaba, siempre según los investigadores, un trato degradante, con insultos y amenazas continuadas, además del cobro de salarios muy por debajo de los legalmente establecidos.
Todo ello, según la Policía Nacional, se producía aprovechando la especial vulnerabilidad de estas personas, que se encontraban en situación administrativa irregular en España. Esa circunstancia, lejos de ser secundaria, aparece como un elemento central en la investigación, ya que habría sido utilizada presuntamente para mantener a los trabajadores en una posición de dependencia y sometimiento dentro de los negocios investigados.
En paralelo, los agentes centraron otra parte de sus indagaciones en un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Según pudieron comprobar, el empresario detenido tenía empadronados, tanto en activo como en histórico, a un total de 34 ciudadanos extranjeros en dos domicilios de su propiedad y en otros dos alquilados, pese a que esas personas no residían realmente en ellos. La finalidad de esta práctica, de acuerdo con la investigación policial, era facilitar el arraigo necesario para su regularización administrativa en España.
La Policía sostiene además que este mecanismo se habría utilizado presuntamente a cambio de dinero o mediante la propia explotación laboral de los afectados en los establecimientos de comida rápida. La investigación también detectó otra irregularidad relevante: algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados, pese a encontrarse en situación regular, figuraban dados de alta en la Seguridad Social en los negocios del investigado sin desempeñar actividad laboral efectiva. Al mismo tiempo, otros ciudadanos en situación irregular sí trabajaban en los locales, pero lo hacían sin estar dados de alta.
Uno de los aspectos que más peso tiene en la causa es el relacionado con las cantidades económicas que, presuntamente, exigía el investigado. Según se ha podido comprobar en el transcurso de la operación, los importes reclamados para facilitar el arraigo en España y un contrato de trabajo con el objetivo de obtener la regularización administrativa oscilaban entre los 6.000 y los 8.000 euros.
La actuación policial, por tanto, dibuja un doble escenario: por un lado, el de unas condiciones laborales abusivas para personas en situación de vulnerabilidad; por otro, el de una presunta estructura orientada a facilitar procesos de regularización mediante empadronamientos que no se correspondían con la residencia real de los ciudadanos extranjeros. Todo ello, siempre según las conclusiones de la investigación desarrollada hasta ahora. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas actuaciones.