Ecologistas en Acción tilda la actuación municipal de "fenómeno inexplicable", después de años batallando contra esta construcción en un paraje de alto valor medioambiental.
Con ironía. Así ha encajado Ecologistas en Acción la demolición, a los 19 años de su construcción y después de "múltiples y azarosos avatares", de una vivienda ilegal sobre suelo especialmente protegido en El Puerto, concretamente en la finca Los Pinos de la carretera de Fuentebravía. "En El Puerto ha sucedido un fenómeno inexplicable: se ha demolido un edificio ilegal a los 19 años de su construcción en suelo especialmente protegido", encabeza con retranca la nota remitida a los medios por la organización conservacionista. La construcción de este edificio en la finca Los Pinos data de 1998, cuando la empresa Construcciones Chiclana 2000 SL adquiere el terreno, declarado por entonces no urbanizable por su interés forestal —en su mayoría estaba cubierto por un bosque de pinos y un denso matorral conformado por sabinas, lentiscos, sanguinos…—.
Los responsables de la empresa procedieron a desbrozar todo el matorral, dejando el bosque muy deteriorado, e iniciaron la construcción de un gran edificio, junto a la casa señorial que perteneció a la familia Terry, de dos plantas y 654 metros cuadrados. Ecologistas en Acción denunció estos hechos ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía sancionó a la empresa con una multa de 10 millones de las antiguas pesetas. En cambio, el Ayuntamiento no sólo se negó a abrir el correspondiente expediente sancionador, sino que firmó en 2003 un convenio —con el apoyo de IP y PSOE— con la empresa propietaria para construir 326 viviendas, un hotel y un centro comercial. Las denuncias y alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción al nuevo PGOU del municipio, y la gran movilización popular contra estos convenios urbanísticos, consiguieron que la Junta desestimara esta actuación urbanística y prescribiera en la Declaración de Impacto Ambiental que todo el pinar quedara como suelo de especial protección como SGEL.
El Ayuntamiento, como informan desde Ecologistas, "se vio también obligado a incoar los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, aunque de tan malas ganas, que todo el proceso ha sido, adrede, una inmensa chapuza que ha llevado a que varias veces caducara el expediente por negligencia en las actuaciones e, incluso, a que el TSJA anulara la primera orden de demolición por haber sido firmada por la entonces teniente de alcalde de Urbanismo Patricia Ybarra, sin tener competencia para ello, ya que tenía que haberla firmado el alcalde Hernán Díaz, y no lo hizo".
El Puerto cuenta con más de 5.000 viviendas ilegales con "total consentimiento, cuando no apoyo, de los distintos gobiernos municipales
La última vez que se dejó caducar el expediente fue en junio de 2014, y de nuevo fue a instancia de Ecologistas en Acción que se volvió a reabrir. Ecologistas en Acción se dirigió al alcalde, entonces Alfonso Candón (PP), exigiendo se procediera de forma inmediata a la apertura de nuevo expediente de protección de la legalidad sobre las obras denunciadas. Asimismo, abundan, "solicitamos al alcalde que se exigieran las responsabilidades correspondientes por permitirse la caducidad del expediente, lo que nunca se hizo. El expediente se reabrió, y en marzo de 2015 la entonces teniente de alcalde de Urbanismo Leocadia Benavente ordenó a la empresa Construcciones Chiclana 2000 SL la demolición de las obras, consistente en edificio de dos plantas realizados con estructura de hormigón y fábrica de ladrillo de aproximadamente 654 metros”. La responsable de Urbanismo dio un plazo de dos meses para proceder la demolición del edificio, pasado los cuales sin que se haya realizado “se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras de demolición”.
"Se ha tardado más de dos años en que se cumpla esta orden de demolición, lo que no deja de ser un fenómeno insólito en un municipio en el que se han construido más de 5.000 viviendas ilegales con el total consentimiento, cuando no expreso apoyo, de los distintos gobiernos municipales. Los que tanto invocan que hay que cumplir las leyes y las sentencias judiciales, cuando se trata de edificaciones ilegales, ni aplican las leyes y normas urbanísticas, ni cumplen las sentencias judiciales". En última instancia, se preguntan, "a lo mejor es que hemos entrado en una nueva era, en la que las leyes y normas urbanísticas se cumplen. O se está propagando una epidemia de cumpliditis de sentencias judiciales. A ver si es verdad; para ello habría que ordenar la demolición de las miles de edificaciones ilegales existentes".
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