El pleno de Diputación aprueba por mayoría de los grupos políticos la propuesta para expresar su rechazo al cordobés Miguel Ángel Tamarit, por cuyas polémicas palabras ya pidió perdón. "Han sido unos comentarios desafortunados", dijo.
"Es complicado invertir en Cádiz; son muy graciosos pero allí no se trabaja". Esas declaraciones del empresario cordobés Miguel Ángel Tamarit le han valido ser considerado como persona 'non grata' en la provincia, en virtud de un acuerdo aprobado en el pleno ordinario de Diputación celebrado esta semana. A propuesta de Ganemos Jerez, todos los grupos de la Corporación provincial salvo el PP, que se ha opuesto, a considerado oficializar el malestar que las declaraciones controvertidas del empresario desencadenaron en una provincia lo suficientemente castigada como para encima soportar más tópicos y burlas. A finales de enero pasado, el propietario de la aeronáutica Faasa y presidente de la Asociación de Empresas Fabricantes y Servicios de Córdoba (Asfaco), ya pidió "perdón" a Cádiz al afirmar en un acto institucional que "allí no se trabaja".
En un comunicado remitido en su momento a Efe, Tamarit aseguró que "no pretendía en ningún momento hacer una comparativa entre provincias ni por supuesto crear polémica", al analizar los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que sitúa a Cádiz en último lugar en Andalucía, con Córdoba tras ella. Ante eso, manifestó en el comunicado que sus comentarios "sin duda, han sido desafortunados" por lo que pide "al pueblo gaditano" sus "más sinceras disculpas". Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, ya le demandó en Facebook una rectificación ante unas declaraciones "injustas, no ajustadas a la realidad y radicalmente intolerables".
Cabe recordar que Faasa, la empresa propiedad de Tamarit, así como el propio empresario, están siendo investigados por la Audiencia Nacional tras haber ganado en los últimos 14 años un total de 24 concursos públicos de la Junta de Andalucía. A modo de ejemplo, fueron sus aviones los que apagaron el incendio de Doñana, el de mayor magnitud de la región andaluza. La jueza encargada del caso habla en su auto de "una organización con ánimo de lucro que altera el precio de los concursos" que "se reparte el mercado nacional por áreas de influencias". Este conglomerado, formado por 14 empresas, habría defraudado, presuntamente, "más de 100 millones de euros a la Administración".
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