El número de despidos en el aeropuerto de la Base de Rota ya supera la treintena

CCOO y UGT piden la ejecución de una sentencia que permitirá a los empleados volver a conciliar vida familiar y laboral. Solicitan al Gobierno central que no adjudique trabajos civiles y militares a la empresa Louis Berger

Una de las pancartas colgadas por los trabajadores en las inmediaciones de la Base de Rota.
Una de las pancartas colgadas por los trabajadores en las inmediaciones de la Base de Rota.

CCOO Y UGT, a través de sus servicios jurídicos, solicitarán al Juzgado nº 2 de Jerez de la Frontera la ejecución de la sentencia que fue dictada favorablemente hacia la pretensión de los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota. Dicha sentencia venía a señalar la nulidad de los cambios de turnos de trabajo y que estos habían sido impuestos a los trabajadores incumpliendo lo recogido en el convenio colectivo.

La empresa estadounidense Louis Berger Aircraft Services INC, actual adjudicataria de la gestión del aeropuerto militar de Rota, ha venido sistemáticamente incumpliendo el convenio en vigor desde 2015, denuncian los sindicatos, lo que ha provocado una gran conflictividad laboral que dura más de dos años y medio con más de cinco huelgas convocadas —actualmente una huelga indefinida— más de doce sentencias judiciales favorables a los trabajadores y más de quince actas de la Inspección de trabajo, también favorables a los trabajadores y trabajadoras.

Esta empresa estadounidense, señalan CCOO y UGT, incumple sistemáticamente las leyes laborales españolas y provoca persecución contra miembros del comité de empresa, instaurando un régimen de terror y coacción dentro de la Base Naval de Rota. Los constantes incumplimientos en materia de seguridad en cuanto a cargas y descargas de explosivos, así como la falta de seguridad hacia los trabajadores, han llevado a constantes denuncias por parte de las centrales sindicales y del comité de empresa ante las autoridades laborales y civiles. Tal es así, que ha instancia de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, la empresa se ve obligada a encargar un estudio externo de la situación de riesgos psicosociales de los trabajadores. Dicho estudio ofrece parámetros de estrés, agotamiento e inseguridad muy alarmantes para la salud y estabilidad de estos.

La petición de ejecución de sentencia, por parte de los servicios jurídicos de UGT y CCOO, pretende mediante el cumplimento de ésta, volver a los turnos de trabajo acordados en el convenio, ya que suponen adecuar los descansos y la conciliación de la vida laboral y familiar. Además, recoge que no están justificados los más de 30 despidos. CCOO viene a afirmar que la empresa ha utilizado los despidos como estrategia de terror contra la plantilla a fin de que estos accedan a sus pretensiones de cambios de derechos y salarios del convenio por precariedad y condiciones salariales inasumibles.

La plantilla actual y operativa de la empresa es de ciento setenta y cinco trabajadores y trabajadoras, la misma que al inicio del conflicto, con la salvedad de que las personas despedidas han sido sustituidas por otras con condiciones laborales deplorables, abusivas, y muy precarias. Es por ello, que las centrales sindicales y el comité de empresa exige a la LOUIS BERGER, que readmita a los despedidos, anule las sanciones, abandone su política de persecución y cumpla con las leyes españolas.

Por último CCOO, solicitará al gobierno de España, que ante una empresa tan "conflictiva y nociva" como es Louis Berger, que no respeta los acuerdos con sus trabajadores, provoca despidos discrecionalmente e injustamente, no dialoga y actúa de mala fe empresarial, es culpable de la falta de medidas de salud y seguridad de la plantilla. Los sindicatos apuntan que la empresa que vulnera las normas de seguridad aérea y de embarque de materias explosiva, que desprecia a las autoridades españolas y a la representación de los trabajadores, que es a todas luces una empresa social y laboralmente irresponsable e insostenible, es decir ,una empresa de estas características no pueda obtener adjudicaciones públicas en centros militares y civiles de España.

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