La UDEF investiga un presunto fraude de más de 7 millones de euros de los anteriores dirigentes del CPBC, un caso denominado 'Operación Flama' por el que ya se ha detenido a 12 personas.
La presunta trama urdida dentro del seno del Consorcio Provincial de Bomberos (CPBC) —destapada por lavozdelsur.es en diciembre de 2015— para garantizar a sus altos cargos percibir, desde los 60 hasta los 65 años, la misma cantidad que cobran mensualmente —y no la pensión máxima, muy por debajo de sus salarios— sigue presentando novedades. La última, la detención por parte de la Policía Nacional de doce personas —también se investiga a otras dos—por supuesta malversación del dinero procedente del erario público, unos siete millones de euros según estima la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a este cuerpo policial, que sigue investigando posibles irregularidades entre 2008 y 2014.
En esos años fueron presidentes presidentes el socialista Andrés Beffa, quien fuera concejal en Jimena, y el popular Fernando García, ex alcalde de Bornos, periodo en el que además se cometieron supuestas irregularidades en el área de formación; en convenios suscritos con un sindicato; en la justificación de la subvención recibida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); y en la contratación de la empresa elegida para impartir la formación online para el personal del CBPC.
La investigación se inició tras una denuncia del Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), en mayo de 2013, que puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de este “plan de previsión social”, que es como se denominaba, que en la práctica garantizaba a los bomberos y altos cargos “una renta temporal actuarial creciente hasta su 65 cumpleaños”. La póliza establece unas “diferencias abismales” entre unos beneficiarios y otros, según el cargo, apuntan desde el SBC. El seguro, contratado con la compañía Aviva, costó al Consorcio más de dos millones de euros y establece que, por ejemplo, el gerente se jubilará cobrando unos 6.800 euros brutos mensuales, a lo que se sumarían los 2.500 euros de la pensión máxima; el intendente recibiría casi 3.300 euros brutos al mes en concepto de compensación; y los inspectores unos 2.700 euros.
El seguro establece unas “diferencias abismales” entre unos beneficiarios y otros: el gerente, por ejemplo, se jubilará cobrando unos 6.800 euros brutos mensuales
El seguro, incluido en el acuerdo regulador vigente, permite a los altos cargos “recalificar” sus puestos para convertirse en personal operativo con al menos 15 años de cotización para poder retirarse a los 60 años y seguir cobrando lo mismo que en activo, algo que, en teoría, solo pueden hacer bomberos, cabos y sargentos incluidos en los turnos rotativos. El SBC señala que, entre los implicados, se encuentra un expresidente, un exgerente, el jefe de formación, el interventor, el tesorero y la secretaria general accidental, investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y nombramiento ilegal. Al ex jefe de servicios estratégicos, al director técnico y a un técnico de administración, se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública; y a un funcionario colaborador en el departamento de formación, por los presuntos delitos de nombramiento ilegal y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
El sindicato señala que también están implicadas cuatro personas ajenas al Consorcio, como son empresarios de una consultoría de formación), por los presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad documental y fraude en la contratación pública. La UDEF investiga, a su vez, la posible financiación de viajes privados con dinero público y otras actuaciones relacionadas con la gestión de los responsables de la dirección, la tesorería y la Intervención del CBPC, por lo que el Sindicato de Bomberos de Cádiz se muestran “horrorizados” por esta presunta trama, por lo que esperan que “en beneficio de los ciudadanos y de los bomberos, el dinero malversado vuelva a las arcas del CBPC”.
“No es justo que en los últimos ocho años en el Consorcio no se hayan realizado inversiones para la mejora del servicio de bomberos, alegándose por la dirección falta de medios, lo que ha dado lugar a que los equipos que usan los bomberos, las instalaciones y los camiones estén obsoletos”, se quejan desde el SBC, que critica que tengan que salir fuera de la provincia para formarse o que se merme el personal “mientras un grupo selecto del CBPC está beneficiándose de indemnizaciones astronómicas de 350.000 euros de dinero público”, dentro de lo que se conoce como la Operación Flama. El Consorcio asegura que su actual presidente, Francisco Vaca, se puso a disposición de la UDEF cuando se le solicitó información en diciembre de 2015 —ostenta el cargo desde octubre de ese año—, facilitando “toda la documentación demandada”, correspondiente a una etapa anterior a su mandato. Vaca transmite así su “plena confianza en que todo este proceso siga su curso” y su deseo de que la investigación “se aclare y finalice satisfactoriamente”.
Otro asunto que da dolores de cabeza al Consorcio Provincial de Bomberos es la situación de los trabajadores del 085, el servicio de atención telefónica de la institución, que está subcontratado a la empresa Ferrovial. Los empleados llevan años luchando para ser empleados del Consorcio de pleno derecho, pero han sufrido más de un revés judicial y la negativa de la institución provincial, que alega motivos económicos y funcionales para negarse a absorberlos.
El CPBC asegura que la operación es inviable, ya que supondría un aumento del 30% del coste salarial —pasando de 450.000 euros a 583.000 euros—, ya que “la integración del personal atendiendo a la normativa administrativa no tiene encaje alguno”, por lo que el abogado de la institución provincial sostiene que “el servicio de atención telefónica de emergencias posee un perfil específico que requiere unas condiciones especiales laborales y de conocimiento que resultan ajenas a la función de bombero y cuya especificidad obliga a mantener un sistema de contratación a través de empresa externa”.
Las explicaciones no convencen a los trabajadores, ni a sindicatos como CSIF o CGT, que han pedido la absorción del servicio, así como grupos políticos como Ganemos Jerez o Sí Se Puede Cádiz, que hicieron lo propio en Diputación, argumentando que la operación puede suponer un ahorro de 500.000 euros a las arcas públicas. “El material, luz, agua, limpieza, ordenadores... lo pagamos todo con nuestros impuestos porque los aporta el Consorcio, la empresa solo costea nuestros salarios”, apuntaba un empleado del 085 a lavozdelsur.es, quien señala: “Somos el corazón de los bomberos, pero estamos fuera del cuerpo”.
El gran caballo de batalla del Consorcio de Bomberos sigue siendo la deuda que mantienen los ayuntamientos de la provincia con el CPBC, que entre 2015 y 2017 se ha reducido en un 44%, según datos de la propia institución, periodo en el que se ha pasado de más de 24 millones a 13,6 millones de euros, aunque aún está pendientes de firmar acuerdos con los ayuntamientos de Arcos —tiene una deuda de 578.000 euros—, Puerto Real (307.000 euros), Algeciras —debe 359.000 euros de 2013— y Cádiz —528.000 euros de 2012 y 2013—, aunque la capital niega que exista dicha deuda, y en el caso de que así fuera, pide al Consorcio que la compense por haber estado pagando durante años una partida para una plantilla de 62 personas, cuando estaba formada por 61.
Precisamente el Ayuntamiento gaditano pidió, recientemente, al Consorcio que aclare el destino de varias partidas económicas, como la que dirigen los consistorios de la provincia a la dotación de Bomberos. “Si los ayuntamientos venimos destinando desde hace años una cuantía para la plantilla de bomberos y el número de profesionales de este sector ha disminuido en la provincia, ¿qué pasa con ese dinero sobrante?”, se cuestiona Adrián Martínez de Pinillos, concejal y representante del Consistorio gaditano en el Consorcio, quien pide saber dónde están los 2,4 millones de euros procedentes de los fondos UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguros) que deben destinarse a inversiones, como el cambio de uniformidad, los equipos de intervención, los vehículos o las instalaciones.
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