El Tribunal Supremo desestima los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz del denominado caso Uniformes, ratificando lo dictado por el tribunal provincial, que condenó a ocho de los 20 acusados, entre los que están dos exalcaldes de Rota (Cádiz), Lorenzo Sánchez (RRUU) y Eva Corrales (PP), a un año y medio de cárcel y 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, al primero; y a siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, a la segunda.
La Audiencia también condenó, a la "mano derecha" de Sánchez, el exconcejal de RRUU Montemayor Laynez, a la misma pena como autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación y de un delito continuado de negociaciones prohibidas. Asimismo, a la esposa del exalcalde y a Isidro Martín Bejarano les condenó a un año de prisión y a dos de inhabilitación por un delito continuado de negociaciones prohibidas, a los que añadió otros siete años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
El exedil del PP Ismael Puyana y su esposa —quien, como la mujer de Lorenzo Sánchez, también figuraba como titular de una de las empresas investigadas— fueron condenados a seis años de inhabilitación especial como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación. Finalmente, al exedil de RRUU Jesús María Corrales le impone una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado, absolviéndole del de negociaciones prohibidas por el que también estaba acusado.
El juicio por el caso Uniformes se celebró en nueve sesiones en la Audiencia Provincial de Cádiz, sentando en el banquillo a 20 personas —mayoritariamente funcionarios y concejales de los sucesivos gobiernos de PP y RRUU en la localidad—, para los que la Fiscalía solicitaba penas que iban desde los nueve años de inhabilitación a los cinco de cárcel y 19 de inhabilitación que proponía para Lorenzo Sánchez, a quien se refirió durante el juicio como "el máximo responsable y cabeza pensante" de una "estructura piramidal" supuestamente diseñada en el Ayuntamiento roteño para beneficiar, mediante "adjudicaciones absolutamente ilegales", a empresas en las que él y otros miembros de la Corporación tenían intereses.
Las empresas investigadas eran la sociedad cooperativa Coanda —dedicada a la confección de vestuario laboral—, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras, supuesta empresa pantalla que vino a sustituir a las dos anteriores para burlar la prohibición de contratar con el Ayuntamiento al endurecerse las condiciones con la entrada en vigor el 30 de abril de 2008 de la Ley de contratación del sector público.
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