La Policía Nacional ha desmantelado un presunto entramado criminal dedicado a la explotación laboral de trabajadores en situación irregular, en el seno de un clan familiar con empresas de eventos radicadas en La Línea y Jimena. A los cuatro detenidos se les imputan graves delitos, entre ellos trata de seres humanos con fines de explotación laboral, fraude a la Seguridad Social, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación, desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional desde enero, permitió realizar esta semana cuatro registros simultáneos en domicilios y naves industriales de ambas localidades. En el operativo participaron también efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y de Guías Caninos de Algeciras, interviniéndose abundante documentación, dispositivos electrónicos y una considerable cantidad de dinero en efectivo.
Según fuentes policiales, el grupo obtenía adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces presentando ofertas por debajo del valor de licitación. Posteriormente, acumulaban deudas con Hacienda y la Seguridad Social, dejaban las empresas inactivas y creaban nuevas sociedades pantalla con las que continuaban operando.
La investigación reveló un uso sistemático de mano de obra vulnerable. Los trabajadores —muchos de ellos inmigrantes en situación administrativa irregular— eran obligados a jornadas de hasta 12 horas, sin descanso ni contrato, sin equipos de protección, y sin acceso a alimentación o agua durante los turnos. En épocas de alta carga laboral, encadenaban más de 14 días seguidos trabajando y dormían en furgonetas en condiciones insalubres.
Accidentes sin asistencia
Algunos empleados llegaron a sufrir accidentes laborales sin recibir asistencia adecuada, pues se les presionaba para no acudir a centros médicos o para ocultar que se trataba de siniestros en el trabajo, con el objetivo de evitar inspecciones. Según testigos, los responsables proferían insultos y vejaciones a quienes se quejaban.
Además, se detectó que muchas de las atracciones operadas por el entramado estaban en un estado deplorable y, pese a los riesgos evidentes, eran instaladas sin formación previa ni protocolos de seguridad, causando incluso accidentes entre los usuarios.
Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial y se encuentran en libertad con medidas cautelares: se les ha retirado el pasaporte y prohibido salir del país mientras continúan las diligencias. La Policía Nacional continúa con la investigación abierta ante la posibilidad de que haya más implicados y más víctimas afectadas por esta red de explotación laboral.