El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha advertido de que la comarca de La Janda "se ha quedado sin tratamiento para evitar la proliferación desmesurada de mosquitos este verano, después de que haya quedado desierta la licitación de este servicio". En un comunicado, Loaiza ha señalado que, según la documentación a la que ha tenido acceso, sólo una empresa presentó oferta, con un presupuesto de 48.000 euros, pero Diputación la ha rechazado al no aportar solvencia técnica.
El dirigente popular ha mostrado su preocupación por cómo se ha resuelto el procedimiento y ha exigido a la presidenta de la institución provincial, Irene García, "que dé la cara porque los vecinos y visitantes de Barbate, Benalup, Vejer y Tahivilla sufrirán este verano la abundancia de mosquitos, y ofrezca alguna solución".
En esa línea, Loaiza ha recordado que "tal y como indican los expertos, la presencia de arrozales, la existencia de marismas y humedales en el entorno del río Barbate son propicias para el crecimiento desmesurado de estos insectos, con las molestias derivadas y el perjuicio al sector turístico". El portavoz del PP ha considerado que la "incapacidad" para sacar adelante contratos por parte de Diputación es "escandalosa" y la "falta de experiencia y capacidad gestora" del responsable económico de la institución provincial, Jesús Solís, "la vuelven a pagar los gaditanos".
Al respecto, ha indicado que hace sólo unas semanas el PP denunció "el fiasco en la licitación del mega contrato del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia en municipios de menos de 20.000 habitantes y con un presupuesto de 19 millones de euros que Diputación ha dejado colgado". El servicio, ha remarcado, cuenta con 1.500 usuarios y 750 trabajadores. Para Loaiza, la razón de que Diputación tenga dificultad para contratar es "la falta de confianza que despierta la institución con Irene García al frente".
En este sentido, el portavoz popular ha señalado los "incumplimientos" con proveedores durante un año y la existencia de una "deuda oculta" que está regulando "a golpe de decreto" por más de dos millones de euros despiertan recelos entre las empresas. Por último, ha insistido en que la licitación pública "es cinco veces menor" con el PSOE al frente de la institución con respecto al anterior mandato, con el PP en el gobierno provincial.
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