Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María como presuntos autores de un delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico a tres personas. Los arrestados eran los presuntos responsables de una plantación interior de cannabis sativa ubicada en una vivienda alquilada. En total se han intervenido más de 600 plantas de marihuana y "se ha asegurado la peligrosa y fraudulenta instalación eléctrica que requería la plantación", indica la Policía Nacional.
La investigación se inició a comienzos de 2020 cuando los agentes dirigieron una actuación con el objetivo de controlar una vivienda donde, en una anterior ocasión, se había intervenido una importante cantidad de marihuana. De ese modo, se realizó un dispositivo para controlar el lugar indicado y que rápidamente comenzó a levantar las sospechas de los agentes, que observaban un trasiego de personas poco común en la zona. Por ello, se aumento el dispositivo inicial y se enfatizó en las vigilancias y seguimiento a las personas que pudieran estar implicadas. Así, durante varios meses, los investigadores pudieron ir comprobando ómo efectivamente, en el domicilio encartado, se estaba llevando a cabo una plantación ilegal de marihuana.
Fruto de las gestiones realizadas por los investigadores y con las pruebas incriminatorias recabadas se obtuvieron sendas ordenes judiciales de entrada y registro. Una vez practicadas las citadas diligencias, en el interior del inmueble se descubrió una instalación que albergaba un cultivo con más de 600 plantas de marihuana. Igualmente se procedió a la detención de tres personas como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.
Imagen de una habitación llena de cannabis en El Puerto. FOTO: Policía Nacional
En el registro se comprobó que toda la maquinaria e infraestructura requería un gran consumo de energía eléctrica. Según los cálculos aportados por la compañía eléctrica, el consumo defraudado sería similar al que demandan mensualmente unas 20 viviendas. Igualmente, requería de un gasto de unos 600 euros mensuales de agua. Asimismo, la vivienda contaba con la instalación de avanzados mecanismos automáticos de cierre y seguridad en las puertas de acceso con el objetivo de dificultar las posibles actuaciones policiales.
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