Desalojan a un matrimonio de ancianos en El Puerto para abrir apartamentos turísticos

Entrada al minúsculo cuarto de baño de la familia Pérez, por el salón. FOTO: MANU GARCÍA.
Entrada al minúsculo cuarto de baño de la familia Pérez, por el salón. FOTO: MANU GARCÍA.

En el número 70 de la calle Larga de El Puerto parece que todo está en orden. A simple vista se trata de una finca rehabilitada para apartamentos turísticos como muchas otras que hoy nacen en los cascos históricos de las localidades de la Costa de la Luz. Una cafetería, un patio interior con macetones y losetas... Pero al fondo, más allá de las esbeltas escaleras, existe un segundo patio interior donde solo hay muebles viejos roídos y colchones polvorientos que rodean la casa de Andrés Pérez y Carmen Ortiz, un matrimonio portuense de 70 años de edad que lleva más de dos décadas resistiendo para seguir viviendo en la casa donde criaron a sus cinco hijos.

"Llevamos aguantando y sufriendo ante los juzgados, Urbanismo, el Ayuntamiento..., para que este señor —el propietario de la empresa Murol S.A.— arregle el estado del inmueble en el que viven mis padres", manifiesta a través del megáfono Adán Pérez, el pequeño de la familia. Se dirige a las más de 50 personas que se han concentrado este lunes —a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca— frente a la fachada de la finca para intentar frenar el inminente desalojo que sus padres sufrirán el próximo jueves 31 de mayo. "Nos quieren obligar a que mis padres salgan de esta casa, nuestra casa, de la casa donde siempre han vivido. Y es una injusticia porque ellos no deben ni un céntimo a este señor. Mis padres no se meten con nadie. No son okupas, solamente quieren vivir. Y nosotros queremos que ellos vivan bien los pocos años que les quedan. Por favor, esto le puede tocar mañana a cualquiera", continúa Adán.

Adán Pérez con el megáfono en mano, dirigiéndose a todos los presentes en la concentración. FOTO: MANU GARCÍA.

El problema de esta familia portuense se remonta al año 2000, cuando el empresario empezó "a echar a los vecinos para hacer apartahoteles turísticos". Según cuenta el pequeño de los Pérez, el empresario ponía trabas a la hora de arreglar las viviendas o les subía la renta a los inquilinos para que se marcharan cuanto antes del inmueble. La última en abandonar su casa fue Rosario Bueno, quien todavía conserva su nombre en el telefonillo de la entrada. Por aquel entonces, Adán fue rápido y fotografió las humedades del suelo de la casa de Rosario y solicitó que un técnico inspeccionara la vivienda. Fue así como consiguió que el Ayuntamiento de El Puerto aprobara el decreto que obligaba a la empresa a encargarse de los desperfectos de la finca. "Pero ellos aún no han hecho ningún tipo de arreglo", señala a lavozdelsur.es.

El patio interior de la finca, donde está la residencia de Andrés y Carmen. FOTO: MANU GARCÍA.

Desde entonces, Andrés y Carmen viven junto a una especie de estercolero, donde las ratas campan a sus anchas. "Este señor —el empresario de Murol S.A.— tiene en El Puerto muchas amistades y en Urbanismo lo que hacen es guardar el decreto al fondo del cajón. Yo se lo he dicho un millón de veces al delegado de Urbanismo, que a ver cuándo va a sacar los papeles del cajón para que el empresario arregle todo el edificio". Todo ello se agrava ahora, ya que la empresa Murol S.A. invita a que este matrimonio salga de su casa para poder rehabilitar el inmueble sin dejar por escrito ninguna garantía de que puedan regresar a ella. "Este señor ya les dijo que se mudaran a este apartamento —señala uno adyacente, que se encuentra apuntalado y en peores condiciones— durante seis meses para que él les arreglara los dos dormitorios. Mi padre, de buena fe, aceptó. Pero no fueron seis meses, sino que estuvieron cerca de seis años viviendo ahí", rememora Adán.

Con megáfono en mano, el portuense invita a que todos los presentes en la concentración accedan a la finca y sean testigos de la basura que guarda el empresario en el segundo patio interior y de los desperfectos del edificio. "Están echando a las familias sin ningún pudor para hacer apartamentos turísticos, se está viendo en toda España. Hoy lo único que quiere es beneficiarse de la casa de mis padres y de todo el edificio. Ha echado a más de 25 familias de aquí. Nosotros somos los últimos y como el barco de Chanquete, ¡de aquí no nos moverán!", vocifera Adán, que afirma que el próximo 31 de mayo se mantendrá firme en la casa de sus padres y que tiene pensado parapetar la puerta desde dentro. "De aquí no sale nadie hasta que no me enseñen un documento por escrito, no ya de salida, sino de que mis padres vuelvan a entrar en esta casa", asegura.

Adán mostrando el minúsculo cuarto de baño de la casa de sus padres. FOTO: MANU GARCÍA.

"Nos sentimos totalmente desamparados, solos ante esta injusticia social", indican los hijos de este matrimonio desde el dormitorio donde reposa Andrés. Marinero desde que tiene uso de razón, Andrés Pérez dejó la mar para llevarse los últimos diez años mariscando, vendiendo camarones en la plaza de abastos de El Puerto, hasta que un día, yendo a recoger camarones, le dio el primer infarto y le prejubilaron con una minusvalía del 77%. Su mujer, Carmen Ortiz, dedicó toda su vida a los demás: al cuidado de la casa y a criar a sus cinco hijos en uno de los pequeños apartamentos del número 70 de la calle Larga. Hoy Carmen sufre de los nervios y apenas concilia el sueño, ya que el pasado 19 de abril ella y su marido recibieron una carta, una sentencia judicial que les obliga a abandonar su casa.

Adán y su familia durante la concentración frente a la residencia de sus padres. FOTO: MANU GARCÍA.

El desalojo se produce, según la sentencia, por riesgo de derrumbe, cuando "no es cierto, eso es todo mentira", denuncia Adán. "Aquí no ha venido nadie del juzgado a inspeccionar la casa para ver si mis padres corren ese riesgo. Yo soy albañil y sé que aquí no pasa nada. Solo esta pared —indica el portuense mientras toca la pintura de la pared que está frente a la entrada— que se cae a pedazos, esto es lo único que tienen que arreglar". Esta familia expresa a este digital que piden dos posibles soluciones: que arreglen y saneen el edificio, o que, "bien a través del Ayuntamiento", les den una vivienda de protección oficial adecuada a sus necesidades. "Esta es la mayor injusticia que se puede dar", concluye Adán cabizbajo, que se despide haciendo hincapié en que no descansará hasta que sus padres consigan justicia.

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