Denuncian que el Ayuntamiento de El Puerto obliga a sus empleados a acudir a sus puestos de trabajo

CSIF asegura que es sorprendente que sólo en casos excepcionales de enfermedades crónicas o cuidados de personas a cargo, se posibilita el trabajo telemático

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, reunido para tratar la crisis del coronavirus.
El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, reunido para tratar la crisis del coronavirus.

CSIF denuncia la imprudencia del Ayuntamiento de El Puerto al obligar a sus empleados a acudir a sus puestos de trabajo. El sindicato señala que el gobierno municipal ni siquiera ha proporcionado material de protección, mascarillas, guantes ni gel de alcohol. La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de El Puerto ha denunciado la “imprudencia e irresponsabilidad del Gobierno municipal, a través de las instrucciones dadas por la concejala delegada de Personal, al obligar a sus empleados (casi 600) a acudir a sus puestos de trabajo, cuando las instrucciones y medidas tomadas por todo el país con el estado de alarma obligan a todo lo contrario.

Para CSIF es sorprendente que sólo en casos excepcionales de enfermedades crónicas o cuidados de personas a cargo, se posibilita el trabajo telemático, y para el resto ni siquiera se proporciona material de protección, como mascarillas, guantes o gel de alcohol. Precisamente para alcanzar el objetivo de confinamiento, el Gobierno ha habilitado en el Decreto del estado de alarma, las disposiciones adicionales Tercera y Cuarta, en las que suspende los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, suspende los plazos de prescripción y suspende los plazos de caducidad.

La sección sindical entiende que todos los trabajadores cuyas funciones sean exclusivamente de carácter administrativo deberían quedarse en su casa, con la opción, si materialmente es posible, de trabajar telemáticamente. Y en consecuencia, sólo autorizar a acudir a su puesto de trabajo, aquellos servicios esenciales para la población mientras dure el estado de alarma. De esta forma, se evitaría que casi 600 personas se concentren en los edificios municipales, convirtiéndose en potenciales receptores y transmisores del coronavirus, que es lo que el Decreto pretende evitar.

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