El Consejo Local de Hermandades y Coffradías de Sanlúcar de Barrameda ha hecho público un extenso comunicado en el que, a través de su presidente y en nombre de todas las corporaciones que lo integran, expresa su “férrea y firme repulsa” por la situación generada en torno a la Hermandad del Resucitado y por las sanciones impuestas -30.001 euros-, una multa que el organismo cofrade lo sitúa “en el marco del conflicto existente entre el Ayuntamiento y la Policía Local”.
El Consejo manifiesta su adhesión total y respaldo al recurso presentado por la representación jurídica de la Hermandad del Resucitado, en defensa de sus derechos e intereses como colectivo, al considerar que la corporación religiosa está siendo perjudicada por un enfrentamiento institucional ajeno por completo a su actividad.
Un conflicto que trasciende a la seguridad y a la vida social
Según expone el comunicado, el conflicto entre el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Policía Local ha derivado en graves dificultades para el normal desarrollo de eventos públicos, afectando directamente a la seguridad y a la vida social, deportiva, cultural y religiosa del municipio.
El Consejo considera especialmente grave que se esté “utilizando la potestad sancionadora de la Administración como medida de presión, resultando perjudicada una hermandad que no forma parte del conflicto entre las instituciones implicadas”. Una situación que califican de inaceptable, al entender que las hermandades y cofradías constituyen una parte esencial del patrimonio espiritual y cultural de la ciudad.
En este sentido, denuncian sentirse “rehenes y moneda de cambio” en un escenario institucional del que no forman parte y en el que no desean estar, con consecuencias directas sobre el libre ejercicio de sus derechos.
Defensa del derecho constitucional a la libertad religiosa
El comunicado subraya que la imposición de sanciones administrativas derivadas de un conflicto político supone un hecho de extraordinaria gravedad, al atentar contra la seguridad jurídica y el ejercicio de la fe pública. El Consejo recuerda que el artículo 16 de la Constitución Española garantiza de forma plena la libertad religiosa y de culto, tanto en el ámbito privado como público, un derecho fundamental que debe ser protegido y facilitado por las instituciones públicas.
Asimismo, advierten de que la aplicación de sanciones desproporcionadas o con carácter disuasorio frente a la manifestación pública de la devoción religiosa vulnera el espíritu constitucional, los derechos fundamentales y los principios de igualdad y no discriminación del ordenamiento jurídico.
Petición de archivo y advertencia de acciones legales
Desde el seno del Consejo, y por unanimidad del Pleno de Hermanos Mayores, se solicita a las autoridades competentes que se resuelva con la máxima celeridad el escrito de alegaciones presentado por la Hermandad del Resucitado y que se proceda al archivo del procedimiento sancionador.
De igual modo, instan a las partes implicadas en el conflicto municipal a "pactar la no agresión a los derechos e intereses de las Hermandades y Cofradías, recordando que las corporaciones religiosas no representan intereses políticos ni sindicales y están al servicio de la ciudadanía sanluqueña".
El Consejo pone también en valor el papel de las hermandades como motor económico, turístico, hostelero y comercial de la ciudad, desarrollado de forma altruista y sin beneficio económico propio, pero con impacto directo en la administración local.
Finalmente, advierten de que, si persiste la inseguridad jurídica y no se alcanza una solución respetuosa con los derechos constitucionales que les asisten, las Hermandades se verán obligadas a considerar la adopción de medidas legales para proteger la seguridad de sus corporaciones, de sus hermanos y de la ciudadanía de cara a la próxima Semana Santa, siempre desde una postura no confrontacional y con el único objetivo de garantizar el ejercicio libre, digno y seguro de su fe y tradiciones.