La Feria de Puerto Real no está en riesgo. A pesar del conflicto abierto entre la plantilla municipal y el Ayuntamiento, fuentes del comité de empresa aseguran que la celebración del evento no peligra. “La feria se va a hacer, aunque con menos efectivos. Nunca fue del todo cierto que estuviera en el aire”, explican, en respuesta a la alarma generada en los últimos días.
Según aclaran los representantes de los trabajadores, la decisión de no realizar servicios extraordinarios afecta más a otros actos paralelos o servicios municipales que a la propia feria. Recuerdan, además, que hay sectores como la Policía Local que trabajan a turnos, por lo que su operatividad no depende de esas horas extra.
Lo cierto es que, desde el pasado lunes, los preparativos avanzan dentro del recinto ferial con relativa normalidad. "De lunes a viernes se trabaja en el montaje", afirman, restando dramatismo a la situación aunque sin ocultar el profundo malestar que existe entre la plantilla municipal por la “desastrosa gestión en materia de Recursos Humanos” que, denuncian, vienen soportando desde hace tiempo.
En un comunicado aprobado en Asamblea General, las y los trabajadores municipales expresaban esta semana su sensación de “absoluto desamparo” y acusaba al gobierno local de mantener un “caos destructivo del servicio público” por la inadecuada gestión de las condiciones laborales y los continuos recortes de derechos. Las críticas son duras: acusan al Ayuntamiento de pagar los servicios extraordinarios por debajo de las horas ordinarias, de retrasar los pagos ya devengados y de amenazar con eliminar complementos y pluses consolidados.
Acuerdos que no llegan a ejecutarse
Además, denuncian que los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación quedan en papel mojado mientras no reciban el visto bueno de los habilitados nacionales, sean aprobados en Pleno y se publiquen oficialmente. “Ya nos ha pasado antes. Cerramos acuerdos, pero nunca llegan a ejecutarse. No es por falta de voluntad de los trabajadores”, señalan desde el comité.
El origen del problema, aseguran, está en una falta de criterio jurídico claro sobre los textos vigentes —convenio colectivo, acuerdo laboral, relación de puestos de trabajo—, lo que genera inseguridad tanto para la plantilla como para los propios responsables políticos, sometidos a un constante temor a ser denunciados ante los tribunales por cualquier paso en falso.
Ante este escenario de incertidumbre, la plantilla ha acordado una serie de movilizaciones. Exigen una ampliación de personal para evitar la sobrecarga de horas extra, garantías retributivas claras y el respeto a los derechos laborales, especialmente en materia de salud y seguridad. “Lo que pedimos es simplemente tener certeza de cuándo, cómo y cuánto vamos a cobrar por el trabajo que realizamos”, reclaman.