El juicio con jurado que arrancó este lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz por el asesinato de Ebrahim Buzhu, un ciudadano holandés de origen magrebí apodado 'el carnicero de Ámsterdam' que apareció con un tiro en la cabeza en un carril del Pago del Humo, en Chiclana, en enero de 2022, ha comenzado con una revelación que complica el relato de la acusación: existe un tercer implicado en prisión, un ciudadano marroquí con antecedentes detenido en Italia en agosto de 2025 después de que los investigadores hallaran su ADN en colillas y clínex encontrados junto al cadáver de Buzhu.
La revelación la hizo la abogada defensora, Lorena Iglesias, en su informe inicial ante el tribunal popular. Iglesias, que defiende a los dos acusados que se sientan en el banquillo —identificados como Francisco B. y Antonio V.—, solicitó al magistrado presidente del jurado que remitiese testimonio de esta pieza separada, que describió como "escondida", a los miembros del jurado para que, "al menos", pudieran valorarla. El juez aceptó la petición.
La existencia de este tercer sospechoso, actualmente preso, es uno de los argumentos centrales de una defensa que pide la libre absolución de ambos acusados y que sostiene que ninguno de los dos estaba en Cádiz el día del crimen.
La Fiscalía pide 28 años por un asesinato ejecutado con un tiro en la sien
Los hechos que se juzgan esta semana se remontan al 15 de enero de 2022. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los dos acusados se desplazaron desde Málaga hasta Chiclana en un coche de alquiler, provistos de un arma corta de fuego para cuya tenencia carecían de licencia, y dispararon a la víctima en la sien en el Polígono Pelagatos.
Tras el asesinato, condujeron hasta la zona del Pinar de los Franceses, a unos nueve kilómetros del lugar del crimen, donde prendieron fuego al vehículo con el ánimo de "eliminar restos identificativos" que pudieran relacionarlos con el caso. El cuerpo de Buzhu fue hallado con el disparo en la cabeza, y su coche calcinado a escasos kilómetros.
La Fiscalía solicita para cada acusado 28 años de cárcel: 23 por el delito de asesinato, cuatro más por tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio, y una indemnización de 274.000 euros a la viuda e hijo de la víctima. En los días posteriores al crimen, la Guardia Civil detuvo a cinco personas: dos de ellas consideradas presuntos autores del asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y daños; las otras tres, acusadas de encubrimiento. Los acusados que ahora se sientan en el banquillo son los que el Instituto Armado señaló entonces como presuntos autores materiales.
La víctima era testigo protegido y tenía un "precio por su cabeza" puesto por la mafia holandesa
El perfil de la víctima es uno de los elementos más llamativos de este caso. Según desveló la propia defensa en su escrito de conclusiones provisionales, Ebrahim Buzhu figuraba como testigo protegido tras haber declarado a la policía contra el líder de la mocro maffia holandesa, la organización criminal de origen magrebí que opera desde los Países Bajos y que está vinculada al tráfico de drogas a gran escala en Europa. La Guardia Civil ya había señalado, tras las detenciones, que Buzhu realizaba actividades relacionadas con el tráfico de hachís entre la Costa del Sol, Holanda y Francia, y que estaba relacionado con un caso de narcotráfico de esa organización.
La defensa sostiene que Buzhu viajó a España desde su país días antes del suceso porque "tenía concertada una cita previa muy importante, en Conil, con dos personas pertenecientes a la organización criminal a la cual pertenecía", personas que califica de "totalmente ajenas" a sus defendidos.
En ese contexto, la abogada Iglesias argumenta que "es conocido que sobre la víctima había un 'precio por su cabeza' y que llevaba tiempo huyendo de la mafia holandesa", siendo asesinado "por un ajuste de cuentas organizado directamente por la organización a la que un día perteneció y después traicionó". Una tesis que la defensa construye para apuntar a otros autores y alejar a sus clientes de los hechos.
Respecto a los dos acusados, la defensa reconoce que uno de ellos era conocido de la víctima y que ambos comieron con ella en los días previos a su muerte, pero subraya que tras esos encuentros "no volvieron a tener contacto alguno con la víctima".
Sobre su paradero el día del crimen, afirma que uno de los acusados se encontraba en la provincia de Málaga y el otro fuera de España. Además, señala que ninguno de los dos tiene antecedentes previos a este caso, que uno de ellos está jubilado y el otro "de baja por depresión". Y añade un argumento que considera determinante: las únicas personas que fueron vistas en el lugar del incendio del vehículo "ostentaron la condición de investigados al principio de la causa", pero fueron apartadas de la misma "sin explicación alguna", circunstancia que la defensa traslada ahora al jurado como un elemento a valorar.
Los acusados no declararán ante el jurado hasta el próximo viernes. En la primera sesión del juicio solo se escucharon los cargos imputados y los escritos de calificación de las partes.
El juicio se celebra con tribunal del jurado, lo que significa que serán nueve ciudadanos quienes decidan, con la información que se les presente a lo largo de la semana —incluida ahora la pieza sobre el tercer detenido en Italia—, si Francisco B. y Antonio V. son o no responsables de la muerte de Ebrahim Buzhu en aquel carril de Chiclana hace más de tres años.
