El Juzgado de Instrucción número uno de Chiclana acoge desde este lunes 20 de abril el juicio contra dos personas acusadas del asesinato de un hombre de nacionalidad holandesa, ocurrido el 15 de enero de 2022. La víctima fue hallada con un disparo en la cabeza en el polígono Pelagatos, en un crimen que, según la acusación, responde a un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.
La Fiscalía solicita para ambos acusados una pena de 28 años de prisión. De ese total, 23 años corresponderían al delito de asesinato, mientras que el resto se reparte entre tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio. Además, el Ministerio Público reclama una indemnización de 274.000 euros para la viuda y el hijo del fallecido. Por su parte, la defensa solicita la absolución al sostener que los procesados no se encontraban en la provincia de Cádiz el día de los hechos.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados se habrían desplazado desde Málaga hasta Chiclana en un coche de alquiler, portando un arma corta de fuego para la que no contaban con licencia. Una vez en el lugar, habrían disparado a la víctima en la sien, causándole la muerte de forma inmediata.
Tras el crimen, siempre según la versión de la acusación, los presuntos autores se dirigieron a la zona del pinar de los Franceses, situada a unos nueve kilómetros, donde prendieron fuego al vehículo utilizado con la intención de eliminar cualquier rastro que pudiera relacionarlos con el asesinato.
Narcotráfico internacional
Las investigaciones de la Guardia Civil situaron a la víctima en el entorno del narcotráfico internacional, concretamente en actividades relacionadas con el tráfico de hachís entre la Costa del Sol, Países Bajos y Francia. Asimismo, se apuntó a su vinculación con la denominada mocro mafia holandesa. En el marco de este caso fueron detenidas cinco personas, de las cuales dos fueron consideradas presuntas autoras del crimen, mientras que las otras tres fueron acusadas de encubrimiento.
La defensa, sin embargo, sostiene una versión distinta de los hechos. Argumenta que la víctima había colaborado previamente con la policía contra miembros de la organización criminal a la que pertenecía y que había viajado a España días antes del suceso para mantener un encuentro con otras personas vinculadas a dicho grupo. Según esta tesis, el asesinato se enmarcaría en un ajuste de cuentas interno de esa organización, desvinculando a los acusados, de quienes se afirma que no estuvieron en el lugar del crimen ni en el del incendio del vehículo.