Un hombre con antecedentes por delitos similares ha sido detenido dos veces en apenas cinco días en el barrio de San Miguel de Jerez, acusado de acosar a varias mujeres en el centro de la ciudad. El caso ha acarreado un importante debate al quedar esta persona en libertad. Ahora, Adelante Andalucía en Jerez ha acusado al gobierno municipal y a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de simplificar deliberadamente una situación mucho más compleja y de instrumentalizar políticamente el sufrimiento de las víctimas.
La formación andalucista ha expresado su "más firme apoyo y solidaridad con las víctimas" y ha subrayado que su voz "resulta imprescindible para comprender la complejidad de esta situación, que mezcla machismo, salud, pobreza y desidia". En ese sentido, destacaron que el testimonio de una de las afectadas ofrecía "un relato mucho más profundo que la nota emitida por la alcaldesa, que es malintencionada y que instrumentaliza un problema complejo tapando miserias sistémicas".
El portavoz de Adelante, Carlos Fernández, apunta a que García-Pelayo ha optado por "reducir el problema a una cuestión exclusivamente de seguridad, omitiendo deliberadamente factores estructurales que están en el origen de esta realidad: sanidad, salud mental y vivienda". Y añadió una crítica de calado: la alcaldesa ha utilizado "de forma torticera la Ley del Sí es Sí como factor clave de la inseguridad, cuando se trata de violencia sexual y no de violencia de género, demostrando su ignorancia ante lo que se atreve a criticar".
Desde el lado municipal, García-Pelayo había aprovechado el caso para incluirlo en su decimoquinta carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, exigiendo refuerzo policial para Jerez, una petición de reunión que lleva seis meses sin respuesta. La alcaldesa también criticó la Ley del Solo Sí es Sí, que a su juicio "beneficia al acosador frente a la víctima, como se está viendo ahora en nuestra ciudad", y reclamó que "el Gobierno de Sánchez y el Ministerio de Igualdad y el de Justicia actúen cuanto antes".
El perfil del presunto acosador, clave para Adelante
Para la formación andalucista de izquierdas, el contexto del caso es inseparable del debate sobre cómo abordarlo. Según la información de Adelante, "nos encontramos ante una persona con un grave trastorno mental que vive en situación de sinhogarismo". Incluso señalan que en la zona serían varias las personas que comparten esa situación de "trastorno mental grave y sinhogarismo", generando otros conflictos en el barrio. Lejos de usar ese dato para estigmatizar, Adelante lo pone sobre la mesa para reivindicar una respuesta pública diferente. "Esta situación no debe servir para estigmatizar ni al barrio ni a las personas con trastornos, sino para pedir una mejora en los servicios públicos que garanticen bienestar y seguridad a víctimas y a personas vulnerables. No se trata solo de más policía, señora alcaldesa".
Para Fernández, el caso evidencia la ausencia de una respuesta adecuada desde la sanidad pública, "especialmente en el ámbito de la salud mental", así como la insuficiencia de los servicios sociales. Y advierte: "La realidad de la ciudad es compleja: el aumento del sinhogarismo, vinculado en gran medida a dinámicas de exclusión y dificultades de acceso a la vivienda, así como las limitaciones del sistema sanitario para atender a personas en situación de alta vulnerabilidad, no pueden seguir siendo ignorados. No intervenir en estas dimensiones crea situaciones de inseguridad como las que se están dando".
Adelante no solo apunta al Ayuntamiento. La formación reclama que Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento "deben cooperar, no señalarse con el dedo", y critica que se utilice un caso tan sensible "para invisibilizar las responsabilidades compartidas de las administraciones públicas a todas las escalas en ámbitos clave como la atención sanitaria, la inclusión social y la prevención". Su propuesta pasa por "un enfoque integral que combine seguridad, prevención y atención social", con más inversión en sanidad pública, especialmente en salud mental, y un refuerzo decidido de los servicios sociales.