La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria de subasta para la gestión privada de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea de la Concepción, situada en la playa de El Burgo. La publicación ha desencadenado una dura reacción por parte de Adelante Andalucía, que denuncia este movimiento como un nuevo paso en lo que describe como la política de privatización de servicios públicos del Gobierno andaluz del Partido Popular. La instalación, que cuenta con 164 habitaciones y 533 plazas, permanece cerrada desde finales de 2023, cuando la Junta decidió dejar de gestionar directamente su red de residencias de tiempo libre alegando su carácter deficitario.
El portavoz andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cargado con dureza contra esta decisión y ha apuntado directamente a su significado social: "Confirma la intención de la Junta de entregar a intereses privados una instalación pública que durante décadas ha permitido a miles de familias trabajadoras disfrutar de vacaciones a precios asequibles". Para García, la subasta no es una medida de gestión, sino una declaración de intenciones: "Lo que está haciendo el Partido Popular es convertir en negocio privado un servicio público que nació para garantizar que la gente trabajadora también pudiera tener derecho al descanso y al ocio".
El portavoz de Adelante ha querido subrayar la singularidad de esta instalación frente a otro tipo de alojamientos turísticos. "No hablamos de un hotel cualquiera, hablamos de un equipamiento público que durante décadas ha permitido a muchas familias andaluzas veranear dignamente. El PP quiere que lo que era un derecho social pase a depender de quién pueda pagarlo", ha afirmado García, quien ha situado así el debate en términos de acceso y equidad, más allá de la mera rentabilidad económica del servicio.
Según publicaba el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este pasado 10 de marzo, la licitación se articula mediante la constitución de un derecho de superficie sobre el edificio, que se adjudicará por subasta pública con un canon mínimo de 365.000 euros anuales, impuestos no incluidos, por los próximos 75 años, con posibilidad de prórroga, previo acuerdo entre ambas partes, hasta un máximo de 99 años. El inmueble, propiedad de la comunidad autónoma, permanece cerrado desde hace años por falta de demanda, según la Junta de Andalucía, que asegura que el inmueble genera un coste anual de mantenimiento próximo a los 400.000 euros.
"El PP mide los servicios públicos solo en términos de rentabilidad, olvidando su función social"
Adelante Andalucía rechaza de plano el argumento esgrimido por la Junta para justificar el cierre previo y la posterior licitación privada de la residencia: su carácter deficitario. Para el portavoz, se trata de "la excusa habitual para justificar privatizaciones". "El Partido Popular mide los servicios públicos solo en términos de rentabilidad económica, pero se olvida de su función social", ha denunciado García, quien ha añadido que esta situación "ha afectado sobremanera a su plantilla, que durante años ha sufrido el maltrato por parte de la administración con contratos precarios y con continuos traslados". El portavoz ha concluido este argumento con una reflexión que resume la posición de su formación: "Estas residencias no estaban pensadas para hacer negocio, estaban pensadas para garantizar derechos".
La crítica de Adelante Andalucía va más allá del caso concreto de La Línea y apunta a un patrón que, según la formación, se repite sistemáticamente en la gestión del PP de los servicios públicos andaluces. "Primero cierran los servicios públicos, después los deterioran y finalmente los privatizan. Es el mismo guión de siempre", ha sentenciado José Ignacio García, trazando así una línea de actuación que, a juicio de su partido, responde a una estrategia deliberada y no a decisiones aisladas motivadas por criterios técnicos o presupuestarios.
Adelante exige la reapertura bajo gestión pública y anuncia su oposición a la privatización
Frente a la vía elegida por la Junta, Adelante Andalucía exige al Gobierno andaluz que abandone el proceso de licitación privada y apueste en su lugar por la rehabilitación y reapertura de la residencia bajo gestión pública. La formación anuncia que mantendrá su oposición a esta y otras privatizaciones de servicios públicos en Andalucía: "Desde Adelante Andalucía vamos a seguir defendiendo que lo que es de todos los andaluces siga siendo público", ha concluido García.
La Residencia de Tiempo Libre de La Línea de la Concepción forma parte de una red de instalaciones que la Junta de Andalucía gestionó durante décadas con el objetivo de facilitar el acceso al ocio y al descanso a familias con rentas medias y bajas. Su cierre en 2023 y la actual convocatoria de subasta para su gestión privada reabren el debate sobre el modelo de servicios públicos en Andalucía y sobre hasta qué punto las administraciones deben mantener equipamientos sociales aunque no sean económicamente rentables en términos estrictamente contables.
