La licitación del contrato de concesión del servicio público del Mercado Municipal de La Línea ha reactivado un intenso debate político y social en la ciudad. El Ayuntamiento aprobó en el pleno ordinario de abril el inicio del expediente administrativo, tras recibir los informes favorables de la Comisión Consultiva de Contratación de Andalucía y de la Oficina Nacional de Evaluación, lo que permite avanzar en la puesta en marcha de la infraestructura.
La sesión plenaria, sin embargo, estuvo marcada por la tensión el lunes y este martes la resaca política se mantenía. El debate derivó en el desalojo de la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado, Rosana Torres, y en el abandono del salón por parte de los grupos municipales del Partido Popular y del PSOE, evidenciando la división política en torno a este proyecto.
El Grupo Municipal Socialista de La Línea de la Concepción manifestó posteriormente su "profunda preocupación" por lo sucedido. Desde la formación consideran que la situación vivida fue "impropia de una institución que debe representar a toda la ciudadanía" y critican que el futuro del mercado, uno de los principales motores económicos del municipio, no esté siendo tratado "con la responsabilidad que requiere".
Los socialistas señalaron como especialmente grave lo ocurrido durante la intervención de la presidenta del mercado y las palabras dirigidas a una concejala del Partido Popular, lo que, a su juicio, generó "un clima de tensión innecesario y alejado del respeto institucional que debe imperar en el pleno municipal".
La grabación íntegra de la sesión ha quedado a disposición de la ciudadanía para su valoración. En este contexto, los concejales socialistas decidieron abandonar el pleno como gesto de rechazo, defendiendo "la dignidad del pleno como espacio para debatir y dar solución a los problemas reales de los vecinos y vecinas".
Antes de ser desalojada, Rosana Torres cargó contra el modelo planteado por el equipo de gobierno. "Llevar a cabo la privatización es hipotecar al pueblo de La Línea", afirmó. También cuestionó el número de puestos previstos y denunció que "se ejecuta cincuenta y tantos puestos donde no cabemos todos", calificando el derecho preferente ofrecido como "meramente una estrategia legal".
Torres denunció además la situación de los comerciantes en los últimos años. "Seguimos pagando nuestros puestos que no ocupamos", aseguró, al tiempo que rechazó las acusaciones de impago por parte del alcalde, Juan Franco: "Es muy injusto que públicamente usted diga que somos unos aprovechados que no queremos pagar. Eso no es cierto". Asimismo, criticó la duración de la situación provisional: “Se nos puso por 15 meses, llevamos 50 y tantos meses”.
Por su parte, la presidenta del PP de La Línea, Susana González, ha expresado su malestar por lo ocurrido en el pleno. "Me dolió profundamente el tono, la forma, la falta de respeto del alcalde", afirmó, denunciando también ataques personales: "Se intentó ridiculizarme y lo único que sentía en ese momento era tristeza". A su juicio, "lo que vivimos ayer tiene nombre" y refleja una forma de actuar en la que "en lugar de debatir, el alcalde intenta callar y desacredita".
El punto de vista del alcalde
El alcalde de la ciudad, Juan Franco, defiende la actuación del equipo de gobierno tras la salida de PP y PSOE del pleno. "Lo que se trajo a este pleno en ningún momento fue una privatización, es la concesión de la gestión de un servicio público en un edificio que va a seguir siendo municipal", aseguró. Según explicó, la gestión directa ha resultado ineficaz y ha provocado un deterioro progresivo del servicio.
Franco detalló que el mercado presentaba problemas estructurales y una baja cobertura económica. "De cada 100 euros que costaba el mantenimiento del mercado, 56 lo pagaban los comerciantes y los otros 44 el Ayuntamiento", indicó sobre etapas anteriores, mientras que en la actualidad "el grado de cobertura era del 15%". Además, defendió que la nueva fórmula permitirá una gestión "moderna y eficaz".
El regidor también subraya la necesidad de actuar para garantizar el futuro del mercado, recordando su valor patrimonial. "El mercado, aparte de la función comercial, es un Bien de Interés Cultural catalogado por la Junta", señaló. Asimismo, insistió en que el objetivo es asegurar la viabilidad del servicio público y su adaptación a las necesidades actuales.
Franco destaca que el proceso busca garantizar el regreso de los comerciantes con seguridad jurídica. "Garantizar que todos los comerciantes que así lo deseen puedan volver a esta instalación con todas las garantías posibles", afirmó, en referencia al decreto que reconoce el derecho de asignación preferente de puestos.
