El alcalde de José Ignacio Landaluce ha celebrado este viernes el auto dictado por la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 4 de Algeciras, que ordena la retirada de mensajes difundidos en Telegram por una posible vulneración de su derecho al honor. Los contenidos fueron publicados por el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez.
"Es una resolución clara que marca un límite, porque no vale todo y la difamación no puede convertirse en arma política", afirmó el regidor en declaraciones a los periodistas. El juzgado ha estimado parcialmente la medida cautelar solicitada por su defensa en relación con los mensajes difundidos por el eurodiputado.
Según el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, Landaluce solicitaba que Pérez eliminase de forma "inmediata" todas las publicaciones en las que se hacía referencia a supuestos abusos sexuales a dos exconcejalas del Ayuntamiento de Algeciras. El eurodiputado habría amenazado con hacer públicos esos hechos si el alcalde no dimitía.
La denuncia pedía además que el demandado cesara "de forma inmediata y provisional" la publicación o difusión de nuevos contenidos relacionados con este presunto caso. También se solicitaba una cuantía de 300 euros para la adopción de la medida cautelar, si bien el juzgado rechazó este último punto y solo estimó las medidas relativas a la eliminación de publicaciones y la prohibición de nuevos mensajes.
El alcalde de Algeciras seguirá yendo a los tribunales
Ante los medios, el alcalde señaló que "este es el primer paso" y anunció que continuará por la vía judicial porque quiere "que se resarza" el daño causado "por parte del señor Alvise". Asimismo, denunció que la situación responde a "una estrategia perfectamente diseñada, un gran montaje del Partido Socialista Obrero Español", que presentó una demanda ante la Fiscalía del Tribunal Supremo que posteriormente fue archivada. "Estamos ante una campaña perfectamente orquestada para dañar mi imagen. Quieren el sillón de alcalde, pero no para trabajar", añadió.
En este contexto, Landaluce afirmó que siguen su curso las demandas contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien pidió rectificar por declaraciones realizadas durante un mitin en Alcalá de Guadaíra, donde afirmó que era "un alcalde condenado". El pasado 15 de enero, la denuncia presentada por la dirigente socialista Rocío Arrabal y la responsable local Isabel Beneroso por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual fue archivada. Tras aquella denuncia, el alcalde anunció su baja del Partido Popular para evitar perjudicar a su formación y, pese a las peticiones de dimisión de la oposición, ha permanecido en el cargo como concejal no adscrito con el respaldo de su antiguo grupo municipal.