El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha notificado al concejal socialista Fernando Silva su resolución con respecto a la reclamación interpuesta el pasado 13 de junio contra el Ayuntamiento de Algeciras, en nombre del grupo municipal socialista, por denegación de información pública. Tal y como puede apreciarse en el texto de dicha resolución, el Consejo de Transparencia da la razón al PSOE algecireño y concede al Consistorio un plazo de diez días para aportar la información requerida.
Además, en la resolución se insta a la entidad reclamada (el Ayuntamiento) “a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas”.
El texto de la resolución enumera las distintas peticiones de información registradas por Silva sobre diversos asuntos, en representación del Grupo Socialista, el 4 de marzo de 2021, el 5 de mayo de ese mismo año, el 1 de junio, el 21 y el 26 de julio, el 10 de octubre, el 30 de noviembre, el 14 de diciembre, el 20 de abril de 2022 y el 29 de junio de este mismo año.
El Consejo de Transparencia de Andalucía recuerda que el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL), establece que “el plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas por los miembros de las Corporaciones locales será de cinco días naturales a partir del día siguiente al que se hubiera presentado”. Y establece también que la reclamación del Partido Socialista fue presentada en plazo, una vez constatado el “silencio administrativo” por parte del Ayuntamiento.
Falta de colaboración
Tal y como puede leerse en el texto de la resolución, el Consejo de Transparencia advierte que “la entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo”. A este respecto, considera “oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador”. El texto confirma que “fue solicitada a la entidad reclamante (el Ayuntamiento) la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo”.
La resolución recuerda que el ya mencionado artículo 77 LBRL establece que “todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
Además, recuerda que el artículo 15 del ROF establece que “los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado” en distintos casos, como “cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal”, y también “cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.
La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha valorado positivamente la citada resolución y ha recordado que, tal y como consta en el mismo texto, con ella se pone fin al procedimiento administrativo.
“El Consejo viene a corroborar que estamos ante un gobierno falto de transparencia, qué intereses mueven al señor Landaluce y su equipo no lo sabemos, pero desde luego no son los intereses de los ciudadanos”, ha advertido Arrabal, que ha lamentado, una vez más, que estos hechos se produzcan en “una ciudad falta de servicios públicos y de transparencia, y con un gobierno al que no le interesa que los ciudadanos conozcan sus intenciones reales, y por eso, o no da la información, o la da tarde y parcial”.
Presunto caso de malversación
El PSOE de Algeciras va a iniciar acciones legales para que sea la Justicia la que dilucide si, tal y como muestra la información recabada, se está produciendo un presunto caso de malversación en la concesión del servicio de la grúa municipal. Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la secretaria general de los socialistas algecireños, Rocío Arrabal, quien ha asegurado que el PSOE local está dispuesto a llegar “hasta donde haga falta, en éste y otros casos, para defender el interés general de la ciudadanía”.
Según ha explicado Arrabal, el servicio de grúa, cuya concesión expiró en 2019, fue otorgado el 11 de Mayo de 2022 a una empresa constituida apenas un mes antes, y mediante un contrato por Emergencia, por Decreto de Alcaldía, que no es el que corresponde en estos casos y que “se salta el expediente necesario”.
“Para que un contrato pueda adjudicarse por ‘emergencia’ tiene que concurrir alguno de los supuestos que taxativamente establece la Ley, y en este caso no se da ninguno de ellos”, ha advertido Arrabal, que se pregunta también “por qué se establece un cánon de 0 euros, cuando la grúa nos cobra un dinero por llevarse nuestro coche, y, por tanto, tiene que pagar un cánon por ese beneficio económico, obtenido de dinero público, y que debe revertir a la ciudadanía”.
Arrabal ha cuestionado también por qué no aparece informe económico del interventor en la relación de informes del mencionado decreto de Alcaldía, y ha recordado que “el estudio de viabilidad económica no solo es obligatorio, sino también vinculante”.
La secretaria general del PSOE algecireño, que se pregunta igualmente qué pasó con este servicio entre los años 2019 y 2022, “¿quién prestó el servicio? ¿quién cobró la tasa? ¿quién lo autorizó?”, ha aclarado también que la concesión por decreto se produce después de que el actual equipo de gobierno municipal aprobara un pliego que fue declarado desierto el 4 de abril de 2022.
El PSOE de Algeciras lamenta que “al adjudicarse este servicio por procedimiento de emergencia el pasado mes de mayo se produce un menoscabo patrimonial, porque ni se establece cánon, ni tasa de depósito”, además de que “hay un cambio en las condiciones en las que se hace el contrato, y no hay igualdad, ni libre concurrencia entre empresas”.
“¿Cuántos metros tiene la parcela actual? ¿Quién la proporciona?”, se ha preguntado también Rocío Arrabal ante los medios de comunicación, tras señalar que el pliego sacado a concurso, y que quedó desierto en mayo, tenía unas exigencias que no aparecen luego en la adjudicación por decreto de Alcaldía.
Arrabal, que entiende que debe ser la Justicia la que esclarezca si se puede haber producido en este caso una presunta malversación, recuerda que ésta está recogida como delito en el artículo 432 del Código Penal, que hace referencia también, en el artículo 252, a la necesidad de hacer frente a la “administración desleal”, que “supone causar un perjuicio patrimonial a través de la mala administración de un patrimonio ajeno”.
“No nos van a callar”
La dirigente socialista, que ha recalcado que se llevará este asunto a la Fiscalía y “hasta donde sea necesario”, ha aprovechado la ocasión para advertir que el PSOE de Algeciras no se va a dejar amedrentar ni condicionar en la labor de oposición que actualmente tiene encomendada por la ciudadanía.
Concretamente, Arrabal se ha referido a uno de los puntos que el equipo de gobierno municipal va a llevar al próximo pleno, y del que aún no se ha podido ver el expediente: la interposición, por parte del Ayuntamiento, de “acciones legales pertinentes a fin de depurar un presunto delito de calumnias por manifestaciones realizadas en relación a la empresa Garancruz”.
“En ningún momento hemos trasladado o denunciado ninguna mentira. Lo que hicimos desde el PSOE fue denunciar públicamente, y llevar ante la Fiscalía, las presuntas irregularidades que se puedan haber cometido por no haber realizado un contrato único con dicha empresa. ¿Garancruz prestó el servicio de vigilancia de edificios municipales? Sí. ¿Con un contrato de 45 días y prestó el servicio durante cerca de un año? Sí. ¿Prestó el servicio en diferentes dependencias municipales? Sí”, ha reiterado Arrabal, recordando que fue la propia concejal delegada de Hacienda la que reconoció, en una rueda de prensa inmediatamente posterior a la del PSOE, “que se tenía que haber hecho un contrato unitario para adjudicar ese servicio, y que no se hizo porque, según sus propias palabras, era muy complicado… ¿Dónde están las calumnias?”.
“Ya lo he dicho en más de una ocasión, no me van a callar, vamos a seguir denunciando todas las tropelías del equipo de gobierno del señor Landaluce, porque gestionan dinero público, que debe ser destinado a la prestación de servicios públicos, y porque no vale todo”, ha comentado la secretaria general del PSOE algecireño, que ha aprovechado para agradecer el trabajo de “todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo, y de los colaboradores, que han hecho posible que el expediente por la presunta prevaricación del alcalde esté ya en Fiscalía”. “Vamos a seguir trabajando codo con codo y sin descanso para continuar en esta tarea, porque hay más… Que nadie tenga la más mínima duda”, ha añadido.
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