Una enorme finca, en San Roque, que estaba siendo dividida en 87 subparcelas para su posterior comercialización, se ha encontrado con la inspección de la Junta de Andalucía y la paralización de la parcelación ilegal. El terreno, de naturaleza rústica, no permitía esta actuación.
Las actuaciones previas realizadas por los inspectores de Urbanismo constataron la división de la originaria parcela matriz en 87 lotes, que estaban siendo vallados perimetralmente con muros de bloques de hormigón, algunos de ellos hasta con portones metálicos para la entrada de vehículos.
Los inspectores de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, acompañados de agentes de la Policía Autonómica, de la Guardia Civil y técnicos convocados para el corte de los suministros de servicios, han detenido esta actuación, desarrollada en el paraje conocido como Albarracín, en suelo rústico situado al norte del término municipal de San Roque.
De las actas de inspección y los informes técnicos emitidos con carácter previo a la contundente operación de precintos llevada a cabo, se desprende el carácter urbanístico de la parcelación ilegal, con viario interior de acceso general a todos los lotes en el interior de la parcelación, con ramales menores de acceso a cada uno de los lotes, redes de infraestructuras, vallados perimetrales, ejecución de edificaciones de obra y prefabricadas que presentan un uso recreativo y/o residencial, así como multitud de elementos auxiliares (pérgolas, parasoles, caravanas, casetas, contenedores, piscinas, etc).
Por el tamaño del proceso parcelatorio detectado, la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha sobrevolado la zona con drones, práctica frecuente en el equipo de inspectores de la Consejería en este tipo de parcelaciones de grandes dimensiones.
La envergadura del operativo y el número de propietarios implicados, casi un centenar, ha requerido que los inspectores dividieran en dos días los trabajos de precinto para poder informar a título individual a cada uno de los interesados del procedimiento. Asimismo se ha comunicado a todos los presentes que la rotura del precinto puede acarrear no solo una sanción administrativa, sino que también puede conllevar consecuencias penales ya que la colaboración de la Administración autonómica con el Ministerio Fiscal es continua y, por tanto, podría incurrirse en delito de desobediencia en concurso con los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
Este dispositivo es el segundo que en menos de una semana pone en marcha la Junta de Andalucía, firme en el propósito de atajar los crecimientos ilegales en el territorio andaluz. La semana pasada se produjo el precinto de 91 parcelas ilegales en el término municipal de Dos Hermanas. No obstante, la parcelación en San Roque estaba más avanzada que la de Dos Hermanas puesto que constan edificaciones en construcción o recientemente terminadas en al menos 37 de los lotes o subparcelas.
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